El defensor del pueblo adjunto segundo del Litoral y Galápagos, Lincoln Mora Guevara, por disposición del defensor del pueblo de Ecuador, Claudio Mueckay, delegó, a través de un oficio, al abogado de esta institución, Carlos Cabezas Preciado, para que inicie las investigaciones de una presunta violación a los derechos humanos en contra de los oficiales Nelson Zambrano Tomalá, Jorge Narváez Medina y Marcelo Llanos Monar.
Estos militares están involucrados en el supuesto robo de 24 fusiles FAL de la bodega de la Base de Movilización Occidental (BMO) del Fuerte Militar Huancavilca, el 25 de agosto pasado.
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En el documento, Mora dispone que, “luego de observar un video facilitado por Ecuavisa, que narra la presunta violación a los derechos humanos”, se oficie al Comandante de la II Zona Militar para que informe sobre estos hechos y al jefe del Departamento de Medicina Legal de la Policía para realizar el reconocimiento médico de los soldados y obtener la versión del capitán Marco Montenegro, quien supuestamente estuvo al mando de la investigación. Zambrano acusó ayer a Montenegro y al cabo Lomas (no precisó el nombre) de haberlo agredido durante las investigaciones.
El coronel Carlos Cañar, comandante de la Base de Movilización Occidental, no confirmó ayer si los detenidos fueron o no agredidos “porque yo trabajo en una oficina de atención al público y las unidades están un poco distantes; no conozco exactamente cómo está el proceso legal”, aunque aclaró que, como política de las Fuerzas Armadas, “eso no es así”.
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