La Corte Militar defendió su derecho a tramitar y resolver el caso que se inició para investigar la compra frustrada de dos helicópteros Bell para la Armada, también solicitado por el presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Armando Bermeo.
Las justicias militar y común exigen el trámite del juicio e iniciaron un conflicto de competencia que, por solicitud de Bermeo, pasó a conocimiento del Tribunal Constitucional (TC).
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En un escrito que remite al TC, el presidente de la Corte Militar, vicealmirante Gabriel Garrido, argumentó que los miembros de la Fuerza Pública están sujetos a un fuero especial para el juzgamiento de las infracciones cometidas en el ejercicio de sus labores profesionales.
Garrido sostuvo que el proceso que inició la Corte Militar no violó el artículo 191 de la Constitución, que determina que los magistrados y jueces que dependen del Ejecutivo se unan a la Función Judicial.
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La autoridad militar insistió que el ex comandante de la Marina, Cristóbal Moncayo, y los ocho oficiales que integraron el Comité de Contrataciones y la Comisión Especial, que analizó y aprobó la compra de las aeronaves, están sujetos a la jurisdicción militar.
El caso se inició luego que un informe de Contraloría determinara indicios de responsabilidad penal en contra de Moncayo y los ocho marinos que participaron en 1997 en el proceso de compra que habría perjudicado al Estado en $ 17,9 millones.