Por ser un ‘obstáculo’ para cumplir el dictamen interpretativo, la Corte Constitucional destituyó a Alembert Vera del Consejo de Participación Ciudadana

Pese a que ocho jueces de la Corte Constitucional (CC) concluyeron que hubo un incumplimiento de un dictamen interpretativo emitido en el 2019, decidió destituir solo a Alembert Vera y a uno de sus colaboradores y dejar en sus funciones a otros seis vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) para que se encarguen de cumplir las medidas de reparación para que dicho dictamen se cumpla.

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Corte Constitucional destituyó a Alembert Vera del Consejo de Participación Ciudadana

Este 6 de octubre del 2023, la Corte Constitucional emitió medidas de reparación y sanción en un auto de verificación a su dictamen interpretativo 2-19-IC, que impide revisar las decisiones adoptadas por el extinto Consejo de Participación Ciudadana de transición, en ejercicio de las competencias extraordinarias conferidas por el referéndum de 2018.

El pasado 25 de septiembre, los jueces escucharon en audiencia pública a los siete actuales vocales del CPCCS y otros funcionarios, para que expongan sus alegatos de cargo y descargo, en la fase de seguimiento del cumplimiento de dicho dictamen.

Doce días después y tras dos días de deliberaciones, con ocho votos a favor y un voto salvado, se resolvió destituir a Alembert Vera como vocal y presidente del CPCCS y a su colaborador Ismael Merizalde como coordinador jurídico, porque bajo su administración se impulsaron dos acciones que llevaron a incumplir ese dictamen.

La primera fue llevar a cabo un proceso de revisión de la carpeta de la titular de la Fiscalía General del Estado, Diana Salazar, quien fue electa en un concurso público que realizó el extinto CPCCS de transición, por pedido del colectivo Acción Jurídica Popular que la acusó de plagiar su tesis universitaria para tener el título de tercer nivel y un artículo anexado.

Con base en las denuncias de este grupo se aprobó un informe de investigación en el que acusan a Salazar de presuntos delitos y de plagio.

El segundo hecho se refiere a la formación de una veeduría ciudadana para diagnosticar y evaluar la designación de los actuales jueces de la Corte Constitucional.

Los jueces observaron que en la gestión de Vera hubo un «patrón fáctico» en estos dos procesos para revisar lo que hizo el transitorio: «El abuso de mecanismos de participación ciudadana y control social, en contravención de las normas que los regulan. (...) Estos actos se tomaron en franca contradicción a las prohibiciones contenidas en el mandato popular interpretado en el dictamen».

La Corte apuntó que las actuaciones de Vera y Merizalde fueron «determinantes y revelan ser un obstáculo para el cumplimiento del dictamen».

En el caso de Vera, por ejemplo, se lo sanciona porque permitió que avance la solicitud en contra de la fiscal Salazar «pese a conocer que su objeto era exponer el presunto plagio de documentos que fueron presentados en el concurso realizado por el CPCCS transitorio; y, lo propio en el caso del proceso de investigación permitió que el informe incluya consideraciones sobre los documentos presentados por la fiscal en el concurso».

Así también, que Vera «buscó sortear» la prohibición de revisar lo actuado por el transitorio al invitar a la activación de mecanismos de participación y control, como las veedurías ciudadanas, para revisar la elección de los jueces, aunque conocía que atentaría contra lo dispuesto en el dictamen.

Esto se había reflejado en la declaración de Vera, un 30 de agosto, cuando informó que el juez de Montecristi (Manabí) Leiver Quimis aceptó una acción de protección de una mujer llamada Betty Moreira Marcillo para conformar esta veeduría.

«... Hemos sido notificados con esta sentencia, la cual es contundente respecto a la no limitación que tiene la ciudadanía para revisar los actos del poder público. Entonces, se va a dar paso de forma inmediata para la conformación e invitamos a toda la ciudadanía, los profesionales que en algún momento tuvieron que callar por miedo o por presión, que se sumen a esta veeduría para revisar los actos atroces cometidos por el trujillato», expresó el expresidente en su denominado informe semanal.

Para la CC, «se evidencian acciones dentro del CPCCS para irrespetar lo dispuesto en el dictamen y dichos actos encubren una manifiesta inobservancia».

Recordaron que pretender revisar la designación de sus jueces, casi cinco años después, «repercute en la garantía de estabilidad del máximo órgano de administración de justicia constitucional, afectando la independencia judicial y la integridad de la justicia constitucional en el país. (…) Las actuaciones sistemáticas del CPCCS son particularmente graves, puesto que contravienen lo dispuesto en el dictamen y tienen efectos que socavan la institucionalidad democrática y la independencia judicial», se concluyó.

A Ismael Merizalde, colaborador de Vera, se lo sancionó con la destitución porque dentro del trámite de la acción de protección aceptada por Quimis envió un documento en el que le indicaba al juez que conformar una veeduría ciudadana para revisar lo actuado por el transitorio no era un límite; y, porque no apeló formalmente al fallo pese a ser contrario al dictamen de la Corte.

En consecuencia, las actuaciones de estos dos exfuncionarios «no ofrecen garantías de que no persistirá en sus intentos de incumplir con el dictamen», además que «obstaculizaron de manera generalizada el cumplimiento» de ese fallo.

Seis consejeros se quedan, pero bajo prevención

En cuanto a los otros seis consejeros, la Corte decidió mantenerlos en sus cargos para que cumplan las medidas de reparación relacionadas con dejar sin efecto todas aquellas actuaciones administrativas que se hicieron en la gestión de Vera para incumplir el dictamen.

Con ese propósito, los jueces no determinaron responsabilidades individuales ni potenciales sanciones en contra de Augusto Verduga, Andrés Fantoni, Yadira Saltos, Johanna Verdezoto, Nicole Bonifaz, Mishelle Calvache y otros funcionarios.

Esto, pese a que Verduga, Saltos, Verdezoto junto con Vera aprobaron el informe de investigación en contra de la fiscal Salazar.

En los casos de Calvache, Bonifaz y Fantoni se refirió que se abstuvieron o votaron en contra del informe, pero no motivaron su votación.

De esta forma, no los destituyeron ni sancionaron, pero resolvieron «mantener abierta la fase de verificación de cumplimiento» del dictamen para evaluar las acciones dirigidas a dejar sin efecto todas las actuaciones que han constituido un incumplimiento. (I)