Opinión

Los desalojos en Monte Sinaí, necesarios para ordenar el crecimiento de la ciudad y la oferta de servicios básicos, han afectado a las familias que allí habitaban, que experimentaron el dolor de la pérdida de sus precarias viviendas y deberán dejar el lugar, sin la certeza de que tendrán a donde ir. Es urgente dar una solución y esto incluye legalizar la propiedad de la tierra. Al respecto, el alcalde declara que no puede intervenir porque un oficio de la Procuraduría, del año 2008, sostiene que el Cabildo no puede hacerlo porque las tierras están en litigio. La Procuraduría dice que en noviembre del mismo año dejó sin efecto esa postura. El Municipio sostiene que jamás fue notificado de eso y pidió públicamente a la Procuraduría que se pronuncie definitivamente. La respuesta es que no lo hará “salvo que sea consultado en legal y debida forma”. Lo cierto es que mientras el tema va de una a otra institución, hay familias que esperan una respuesta que resuelva su problema y eso debería ser suficiente para darle agilidad al trámite, cualquiera que sea.