Caso Las Torres lleva más de seis meses sin que quede en firme fallo de primer nivel por delincuencia organizada

Desde el 21 de septiembre pasado el juez Walter Macías, luego de casi un mes de haber estado destituido del cargo con solo dos votos a favor del pleno del Consejo de la Judicatura, retornó a su despacho en la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) y el caso Las Torres, por delincuencia organizada, fue uno en los que el magistrado retomó la competencia. Esta causa lleva más de seis meses sin tener su sentencia de primer nivel en firme.

Por unanimidad el Tribunal de Juzgamiento de la CNJ, que tenía como presidente a Macías y además estaba integrado por los conjueces Adrián Rojas y Bayardo Espinoza, el 10 de febrero pasado condenó al excontralor Pablo Celi, a su hermano y abogado Esteban Celi, al exgerente de Petroecuador Pablo Flores y a otras ocho personas por su responsabilidad en un delito de delincuencia organizada ocurrido entre 2017 y 2020.

El delito procesado, según la Fiscalía General, se habría dado a través de instancias públicas como la Contraloría General del Estado (CGE), la empresa pública Petroecuador y la secretaría de la Presidencia de la República en el gobierno de Lenín Moreno. Para la Fiscalía, en estas tres instancias operó un grupo estructurado que cobraba sobornos a empresas contratistas a cambio de liberar pagos o desvanecer glosas.

Caso Las Torres: excontralor Pablo Celi y el exgerente de Petroecuador Pablo Flores son condenados a 13 años y cuatro meses de cárcel

Ya en el caso Las Torres específicamente, la fiscal general, Diana Salazar, dijo que la organización delictiva buscaba obtener, a cambio de desvanecer una glosa y facilitar el pago de facturas, el 20 % de una factura de $ 20,3 millones que se debía pagar a la empresa contratista Nolimit C. A. El total exigido por la estructura habría alcanzado los $ 4‘378.375,19, es decir, el 20 % de la factura a cambio de gestionar el pago de $ 20′345.609,60 que Petroecuador adeudaba a Nolimit.

Pablo Celi y Pablo Flores, al ser considerados autores directos y líderes de la estructura, recibieron una pena agravada de trece años y cuatro meses de cárcel. Mientras que en el escenario de colaboración fueron condenados a penas distintas la exasesora de la Gerencia de Petroecuador Natalia Cárdenas, el exgerente de Refinacion de Petroecuador Mauricio Orellana, Martha Barrezueta, Esteban Celi, Álvaro de Guzmán, Silvia López, Ángelo Rodríguez, Andrés Luque y Adolfo Agusto Briones.

La etapa de juicio se encuentra suspendida para Pedro Saona y Roy Calero, quienes hasta antes de la instalación del proceso estaban prófugos de la justicia. Saona ya fue extraditado a Ecuador y está a la espera de que se le fije una fecha para su juzgamiento.

La sentencia emitida en febrero pasado y notificada por escrito el 4 de julio último sostiene que los hechos probados han permitido definir que los procesados Pablo Celi y Pablo Flores, mientras ostentaban sus funciones como servidores públicos, “estuvieron al mando y el cargo de las actividades de la estructura de la delincuencia organizada, conformada para exigir beneficios económicos mediante amenazas a la empresa Nolimit C. A.”.

Tribunal notificó la sentencia escrita en el caso Las Torres, cinco meses después de que se resolvió la condena

De los hechos relacionados con este caso se conoció en junio de 2019, cuando José Raúl de la Torre, familiar de Pablo y Esteban Celi y funcionario de Petroecuador, y el empresario inmobiliario Roberto Barrera fueron detenidos en Estados Unidos por delitos relacionados con lavado de activos. Con base en la información recabada en ese país y enviada a la Fiscalía, a través de Asistencia Penal Internacional, se abrió en Ecuador una investigación previa para esclarecer lo ocurrido.

El 13 de abril de 2021 se ejecutó un operativo simultáneo en Quito, Guayaquil y Samborondón, en el que nueve personas fueron detenidas, entre ellas, el entonces contralor subrogante, Pablo Celi, y el exsecretario de la Presidencia José Agusto Briones. Este último fue procesado, pero murió en la Cárcel 4, ubicada en el norte de Quito, en donde cumplía la orden de prisión preventiva que se le ordenó al ser también uno de los líderes de esta organización.

Más adelante la Fiscalía vinculó a otras cinco personas al proceso. Finalmente, de las catorce personas procesadas, la Fiscalía solo presentó un dictamen acusatorio contra trece, de las cuales obtuvo condena para once. Una de las sentenciadas, Martha Barrezueta, recibió una pena reducida de seis meses de prisión, pues ella fue una cooperadora eficaz de la Fiscalía.

Según los juzgadores, los medios de la estructura para concretar objetivos y alcanzar el fin fue la planificación y ejecución de delitos de concusión y lavado de activos. “En el caso hemos podido observar que los integrantes asumieron y desempeñaron una variedad de funciones o tareas diferenciadas. La estructura con jerarquía tradicional tenía en el mando altos funcionarios del Estado y operaba de forma coordinada temporal en el desvanecimiento de glosas, así como el pago de planillas que adeudaba la empresa pública Petroecuador”.

“La acusación de Fiscalía es de una tentativa de soborno, que supuestamente Pablo Flores había solicitado un soborno a través de terceras personas, pero que finalmente ese soborno nunca se consumó. Con eso ya es líder de una organización criminal y condenado a una pena de trece años de cárcel”, refirió en su momento Pablo Encalada, defensa de Pablo Flores, quien anunció que apelará el fallo de primera instancia.

Por su parte, el excontralor Pablo Celi ha insistido en su inocencia y aclara que probará, en derecho, las violaciones al debido proceso, la inconsistencia jurídica y la nulidad absoluta de una sentencia carente de motivación, la cual, adelantó, objetará en fase de apelación. Celi ha criticado las actuaciones del presidente del Tribunal, Walter Macías, dentro de un caso en el que, dice, se ha evidenciado la utilización de la Fiscalía y del sistema penal para la “judicialización política”.

Natalia Cárdenas y Mauricio Orellana recibieron una sentencia de nueve años y cuatro meses de prisión al tener la agravante de haber sido funcionarios públicos; mientras que a Esteban Celi, De Guzmán, López, Rodríguez, Luque y Briones se les definió una pena de siete años de cárcel para cada uno.

Establecer montos diferenciados para los once procesados considerando su participación en el delito delincuencia organizada es lo que además determinó la Sala de Juzgamiento. El Tribunal de la Corte Nacional resolvió que entre los diez de los once acusados, de forma diferenciada, debían completar el pago de una indemnización de $ 1,3 millones.

Por sentencia Flores y Celi deberían pagar cada uno una indemnización de $ 250.000, mientras que los restantes ocho procesados deberían cancelar $ 100.000 como indemnización al Estado. Únicamente a Barrezueta no se le definió un monto de indemnización sino solo una multa de $ 788. Al igual que Celi y Flores, los nueve procesados también pierden sus derechos políticos por el tiempo que duren sus condenas de prisión.

En este último tramo del proceso, Macías ha sido suspendido y destituido, en ambos casos con solo los votos a favor del presidente del CJ, Wilman Terán, y el vocal del organismo Xavier Muñoz. Las sanciones llegaron por una denuncia de tipo administrativo presentada por Esteban Celi.

En una sesión extraordinaria dada el 19 de agosto pasado, con solo los votos de Terán y Muñoz en el pleno, se separó del cargo a Macías, a quien se le responsabilizaba de supuestamente haber incurrido en una infracción disciplinaria, al haber suscrito la providencia del 8 de febrero de 2023, encontrándose suspendida la competencia para resolver dentro del caso Las Torres.

Esa destitución quedó sin efecto el pasado 14 de septiembre, cuando la jueza de Pichincha Martha Vimos aceptó una acción de protección planteada por Macías, declarando que ha sido evidente que en este caso existió la vulneración de derechos, entre ellos, el principio de participación ciudadana, el debido proceso, a la seguridad jurídica y a la falta de motivación.

Luego que se notificó en julio pasado la sentencia del caso Las Torres por escrito, varios de los procesados han solicitado los recursos horizontales de ampliación y aclaración, antes de que quede en firme la sentencia y puedan plantear las apelaciones que han actuado. Por todas las circunstancias de suspensión y destitución que han rodeado este caso, estos recursos no han sido respondidos, lo que ha generado que se vayan presentando de a poco pedidos para que Macías se inhiba o se excuse de seguir en la causa.

Los sustentos de los al menos dos pedidos ingresados para que se separe al presidente del Tribunal del caso Las Torres señalan que Macías habría perdido la imparcialidad en el caso. Muestra de ello serían mensajes publicados en su cuenta personal de la red X y pronunciamientos en medios de comunicación en los que se habría referido al caso Las Torres y sus procesados. (I)