En 2024 al menos una docena de casos de connotación deberán tener una respuesta del sistema de justicia

Al menos una docena de casos judiciales de connotación son la herencia que deja el año que termina y que deberán ser resueltos en un 2024 que arranca marcado por la poca confianza ciudadana en el sistema de justicia y en medio de la duda de hasta dónde se han infiltrado la política y el crimen organizado en una de las funciones del Estado más importantes: la Judicial.

Casos Metástasis e Independencia Judicial

Muestra de la compleja realidad que atraviesa la Función Judicial de Ecuador son los casos Metástasis e Independencia Judicial, en los que se analizan los delitos de delincuencia organizada y obstrucción de la justicia, respectivamente. Ambas instrucciones fiscales se abrieron los últimos días de diciembre pasado y el punto común de estas es que entre los procesados están funcionarios judiciales que colaboraron para conseguir acciones administrativas o fallos judiciales que convenían a la impunidad de alguien, como por ejemplo, el narcotraficante Leandro Norero.

Las etapas de estos dos procesos penales completamente deberán darse durante el 2024. Por ejemplo, para el 3 de enero próximo está prevista una audiencia para vincular a ocho personas más a las 31 que ya son investigadas en el caso Metástasis. Entre ellas están el expresidente del Consejo de la Judicatura (CJ) Wilman Terán, quien también es parte del caso Independencia Judicial junto con sus excompañeros del pleno del CJ Xavier Muñoz y Maribel Barreno y otros cuatro exfuncionarios de ese organismo.

Caso Reconstrucción de Manabí

Dos días después de que se realice la audiencia en el caso Metástasis en la Corte Nacional de Justicia (CNJ), en esas mismas instalaciones se dará la audiencia de formulación de cargos por el delito de peculado contra el exvicepresidente Jorge Glas, como expresidente del Comité para la Reconstrucción y Reactivación Productiva y del Empleo; Carlos Bernal, exsecretario del Comité para la Reconstrucción de Manabí, y Pablo Ortiz, exgerente de la empresa estatal Ecuador Estratégico.

Esta formulación de cargos la viene solicitando la Fiscalía General desde el 1 de junio pasado. El procesamiento, por sorteo, recayó en manos del juez nacional Luis Rivera.

En el conocido caso Reconstrucción de Manabí se analizan supuestas irregularidades en la contratación del proyecto vial Manta-Colisa. La teoría manejada por Fiscalía habla de que pese a que el proyecto no cumplía con los ejes propuestos por la Ley de Solidaridad (emergencia, reconstrucción y reactivación), fue adjudicado el 30 de marzo de 2017 y establecido como prioritario, sin tomar en cuenta que existían más de 580 proyectos para reconstrucción de infraestructura pública, vivienda, salud y educación que requerían de atención inmediata después del terremoto ocurrido en Ecuador, en abril de 2016.

Audiencia por el asesinato de Fernando Villavicencio vuelve a diferirse y queda para febrero de 2024

Caso Fernando Villavicencio

Luego de dos diferimientos, el 6 de febrero próximo se espera que se concrete la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio contra los seis procesados como autores materiales del asesinato al estilo sicariato de Fernando Villavicencio, candidato a la Presidencia de la República de la alianza Construye-Gente Buena. El crimen se produjo el 9 de agosto pasado, días antes de la primera vuelta electoral, cuando Villavicencio abandonaba un coliseo ubicado en el norte de Quito.

Varios sicarios dieron marcha a un plan para asesinarlo. Uno de ellos, de origen colombiano, disparó impactando por tres ocasiones en el cuerpo de su víctima. Siete sospechosos que estaban siendo procesados fueron asesinados dentro de las cárceles en las que estaban a un día de cerrarse los 60 días de instrucción fiscal. A la audiencia preparatoria de juicio solo llegarán Laura C., el colombiano Víctor F., Carlos A., Érick R., Alexandra Ch. y Óscar F., quienes cumplen una orden de prisión preventiva.

Entre las razones por las que muchos procesos no han avanzado en sus audiencias o para que puedan tener una sentencia está el abuso de recursos legales previstos en la propia norma, cambios de abogado a última hora, excusas médicas de juristas el mismo día de la diligencia dispuesta, alta carga procesal para tan pocos jueces...

Caso Yunda

Uno de esos casos en los que se ha dilatado la audiencia de juzgamiento es el que se sigue contra el cesado alcalde de Quito Jorge Yunda y otras trece personas, a quienes se les acusa de un peculado ocurrido en la Secretaría de Salud del Municipio de Quito en la adquisición de pruebas PCR para la detección de COVID-19. La diligencia definida en septiembre pasado para el 1 de febrero de 2024 se concretaría a dos años y medio de que se suspendió el juicio y a menos de uno de que se decidió que esta fase deberá darse nuevamente desde cero.

Fiscalía acusará solo al expresidente Lenín Moreno y a otras 24 personas como parte de la ‘red de corrupción’ que habría operado en caso Sinohydro

Caso Sinohydro

Otra causa que no ha logrado avanzar a la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, una vez que se cerraron los 120 días de instrucción en julio pasado, es el que se conoce como caso Sinohydro. Lo último que se conoció en este proceso es que la fiscal general, Diana Salazar, solo emitirá un dictamen acusatorio contra 25 de los 40 sospechosos investigados por el delito de cohecho supuestamente ocurrido en el proceso de contratación de la empresa que se encargó de la construcción del proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair.

En la lista de acusados quedaron el expresidente de la República Lenín Moreno, su esposa, su hija, dos de sus hermanos, una cuñada y varios amigos cercanos del ex primer mandatario: Conto Patiño, su esposa, cuatro hijos de estos, empresarios, abogados, exfuncionarios públicos ecuatorianos y cinco exfuncionarios extranjeros de la estatal china Sinohydro. Esta causa está en manos del conjuez Bayardo Espinosa, de la Corte Nacional.

Lo que debería en este 2024 es definirse una fecha para escuchar el dictamen acusatorio contra las 25 personas que, a decir de Fiscalía, serían parte de una red de corrupción que operó entre 2009 y 2018 para hacerse de $ 76 millones en coimas entregadas por acciones que facilitaron que la empresa china Sinohydro se quedara con la construcción del proyecto emblema del gobierno de Rafael Correa: Coca Codo Sinclair. De esa diligencia se conocerá quiénes son o no llamados a juicio.

Caso Las Torres

Quienes también esperan que se defina una fecha para la audiencia de apelación a la sentencia de primera instancia en el bautizado como caso Las Torres son el excontralor Pablo Celi, su hermano y abogado Esteban Celi, el exgerente de Petroecuador Pablo Flores y otras ocho personas sentenciadas, por su responsabilidad en un delito de delincuencia organizada ocurrido entre 2017 y 2020.

Este fallo fue definido de forma unánime el 10 de febrero pasado. Según la Fiscalía, el delito procesado se habría dado a través de instancias públicas como la Contraloría General de Estado, la empresa pública Petroecuador y la secretaría de la Presidencia de la República en el gobierno de Lenín Moreno. Para la Fiscalía, en estas tres instancias operó un grupo estructurado que cobraba sobornos a empresas contratistas a cambio de liberar pagos o desvanecer glosas.

Pablo Celi y Pablo Flores, al ser considerados autores directos y líderes de la estructura, recibieron una pena agravada de trece años y cuatro meses de cárcel. Mientras que en el escenario de colaboración fueron condenados a penas distintas Natalia Cárdenas, Mauricio Orellana, Martha Barrezueta, Esteban Celi, Álvaro de Guzmán, Silvia López, Ángelo Rodríguez, Andrés Luque y Adolfo Agusto Briones.

Caso China CAMC

De este caso también se desprende el que se conoce como China CAMC y en el que se procesa el delito de cohecho. Desde junio pasado, Pablo Celi, su hermano Esteban, el empresario Pedro Saona, el ciudadano chino Yang Lian y la compañía china CAMC Engineering Co. Ltd. están a la espera de que se defina una fecha para la audiencia de juzgamiento a la que fueron llamados en la Corte Nacional.

Caso Encuentro

Si no existen vinculaciones, a finales de febrero próximo terminarían los 90 días de instrucción fiscal definidos dentro del caso Encuentro, proceso en el que son investigados por el delito de delincuencia organizada Danilo Carrera, cuñado del expresidente Guillermo Lasso; Hernán Luque, exgerente de la Empresa Pública Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO); Antonio Icaza, exgerente general de CNEL (Corporación Nacional de Electricidad); Roberto Bueno, Julio León, Leonardo Cortázar, Jorge Orbe y Gabriel Massuh.

Según la fiscal encargada de la investigación, Luzmila Lluglla, lo que existió en este caso es un “grupo criminal” estructurado tanto por funcionarios públicos como particulares, quienes tendrían roles específicos y una suficiente capacidad en la dirección de las operaciones delictivas por quienes, dijo, asumieron la “jefatura criminal”. Identificó como líderes de la organización a Danilo Carrera y a Rubén Cherres Faggioni, empresario asesinado en marzo de este año en Santa Elena.

“Estas personas de forma planificada y coordinada pretendían obtener réditos económicos indebidos valiéndose de su posición cercana con la política y de esta forma interferir en instituciones públicas, como CNEL, BanEcuador y el Servicio Nacional de Aduanas”, anotó Lluglla.

Caso Sobornos 2012-2016

En 2024 deberán definirse en audiencia los recursos de revisión presentados por los sentenciados en el caso Sobornos 2012-2016, Ramiro Galarza, dueño de la empresa Consermin, y José Hidalgo, de la constructora Hidalgo & Hidalgo. Los recursos buscan echar abajo la condena de ocho y dos años y ocho meses, respectivamente, que se les impuso por el delito de cohecho pasivo agravado.

El proceso está en manos de los jueces de la Corte Nacional Byron Guillén, Luis Rivera y Felipe Córdova. Galarza e Hidalgo son parte de la lista de diez exfuncionarios públicos y diez empresarios a quienes se les condenó por participar en una “red de corrupción” que operó desde la presidencia de la República con el fin de financiar las actividades del movimiento político Alianza PAIS, mediante el cobro de cuotas ilegales a contratistas a quienes a cambio se les entregaban obras públicas del Estado.

De la lista de condenados también son parte el expresidente y exvicepresidente de la República Rafael Correa y Jorge Glas. Ambos, además de tener que pagar al Estado ecuatoriano una reparación integral de $ 778.000, también recibieron una condena de ocho años de cárcel al ser identificados en la estructura delictiva como autores mediatos por instigación.

Otros casos

En este próximo año deberá tener respuesta el proceso penal que se le sigue a Xavier Vera Grunauer, exministro de Energía del gobierno de Guillermo Lasso, y a otras tres personas a quienes se les acusa del delito de cohecho. El juez Luis Rivera ha ingresado en fase de deliberación y será ya en este próximo año en el que dé a conocer si llama o no a juicio a quienes se les involucra en una supuesta estructura que pedía dinero a cambio de entregar puestos públicos.

La audiencia de juzgamiento por el delito de delincuencia organizada contra el expresidente Abdalá Bucaram, su hijo Jacobo y otras tres personas acusadas de participar en irregularidades en la comercialización de mascarillas y 21.000 pruebas rápidas para diagnosticar COVID-19 en pandemia. Este caso se encuentra sin avanzar desde diciembre de 2021 y actualmente está en manos de un tribunal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha. (I)