El debate por reformar la Ley de Comunicación también incluye uno de sus articulados, el que se refiere a la obligatoriedad de los medios de comunicación de difundir contenido intercultural.
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Mientras que para disidentes de Alianza PAIS el informe de la Contraloría sobre la deuda que responsabiliza penalmente a Rafael Correa constituye una persecución política, para los otros sectores políticos es un tema que debe ir de inmediato a la Fiscalía.
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Cinco coordinadores de las bancadas legislativas de AP, PSC, CREO, SUMA y BIN definirán cuál será el segundo interpelante en el juicio político en contra del fiscal general.
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