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Según Priscila Schettini, esposa de Freddy Carrión, la condena de tres años de cárcel contra su pareja se cumple el proximo 16 de mayo.
Los actos de corrupción que han empañado a la función pública en los últimos siete años están exfuncionarios electos en el CPCCS con los mejores puntajes.
Alrededor de 300 uniformados ingresaron a ese centro de privación de la libertad que se encuentra ubicado en el norte de la capital.
La vicepresidenta Carmen Corral aspiró a que los casos Metástasis y Purga promuevan una limpieza y lograr una justicia honesta y no de enriquecimiento ilícito.
El caso de Paola Roldán marcó un antes y un después, pues logró su despenalización a través de un fallo constitucional.
En un fallo inédito, la Corte Constitucional (CC) dispuso al Ministerio de Salud que expida un reglamento.
El viernes hubo intervenciones del denominado Bloque de Seguridad a cuatro cárceles en Ecuador, entre ellas Quito.
Policía Nacional y Fuerzas Armadas realizaron un operativo simultáneo en varios centros de privación de libertad.
La Asamblea Nacional escuchó a los titulares de las instituciones que conforman la Función Electoral, la de Transparencia y Control Social y la Judicial.
La Asociación Nacional de Fabricantes de Alimentos y Bebidas (Anfab) indicó que ha mantenido reuniones con organismos estatales.
Se requieren concursos públicos para elegir autoridades de la Fiscalía y de la Judicatura que terminan sus periodos en el 2025. Primero debe formar comisiones.
Con Álvaro Román a la cabeza, Judicatura asegura que quiere "fortalecer el servicio de justicia a escala nacional".
La Defensoría del Pueblo, autora de la investigación, señaló que hay una sensación de impunidad en las víctimas.
El Decreto Ejecutivo 754 seguirá vigente, pero con lineamientos ordenados por los jueces hasta que la Asamblea apruebe una ley ambiental.
Está pendiente la elección de un superintendente de Protección de Datos y tres vocales: un principal y dos suplentes del Consejo de la Judicatura.
La Procuraduría respondió al titular del CPCCS que existen criterios legales anteriores en los que se impide nombrar funcionarios encargados.
Por ley, las empresas de cobranza no pueden hostigar ni humillar a los deudores.
El exgeneral de la FAE fue mencionado como presunto autor intelectual del asesinato de Jorge Gabela en una pericia, no judicial, elaborada por Roberto Meza.
Patricia Ochoa y la Defensoría del Pueblo pidieron aclaraciones a la reconstrucción de la pericia, relacionada con el crimen del general Jorge Gabela.
La familia del general asesinado en el 2010 hizo unas 26 observaciones a la pericia no judicial reconstruida por el perito Roberto Meza.