Bajo el criterio de 20 catedráticos y diez ciudadanos estará una de las fases decisivas del concurso público para designar al próximo titular de la Fiscalía General. Cinco postulantes competirán por alcanzar la máxima puntuación posible sobre 20 puntos que definirá el ganador.
La comisión ciudadana encargada de realizar el concurso público para escoger al fiscal está retrasada en efectuar la penúltima fase que es la oposición, que se evalúa sobre 50 puntos y que consiste en una prueba escrita que se puntúa sobre 30 y la oral sobre 20.
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Esta instancia, integrada por diez personas, cerró el viernes pasado la etapa de impugnación ciudadana con la aprobación del informe final que será enviado al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) para conocimiento de los siete vocales.
De este momento del proceso quedaron fuera 21 aspirantes que fueron impugnados y quedaron cinco: Carlos Alarcón, David Fonseca, Juan Guaño, Andrea Cazar y Patricio Haro.
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En adelante, la comisión debe preparar la oposición. Pero antes, debe esperar a que el Consejo de Participación Ciudadana resuelva dos temas administrativos: completar la conformación de un equipo técnico con siete de sus asesores para que se revisen el cumplimiento de los requisitos de los catedráticos y contratar un equipo de seguridad informática que resguarde la información del examen escrito y oral.
El reglamento para elegir a esta autoridad establece que la convocatoria al examen escrito debe realizarse al término de quince días de iniciada la etapa de calificación de méritos. Eso ocurrió entre abril y mayo del año en curso.
En todo caso, las actividades para el examen escrito y oral avanzan de a poco.
El área administrativa del CPCCS debe contratar un equipo auditor externo que garantice la reserva de la información que produzcan los docentes.
Para esto se destinó un valor que bordea los $ 18.000 y la contratación está en la fase de preguntas y respuestas en el Servicio Nacional de Contratación Pública.
En cuanto a la selección de los académicos, apenas tres universidades: una de Los Ríos, de El Oro y otra de Manabí enviaron los nombres de 29 personas para que se encarguen de hacer el cuestionario.
Los catedráticos deben cumplir los mismos requisitos que se exige a los postulantes a ser fiscal general y que son: ser ecuatoriano y gozar de los derechos políticos; tener título de tercer nivel en Derecho; y haber ejercido con probidad notoria la profesión, la judicatura o la docencia universitaria por un lapso mínimo de diez años.
Y no deben estar incursos en las 16 prohibiciones que se fijan para ser comisionado ciudadano.
La revisión del cumplimiento de estos requisitos es una tarea que tendrá el equipo técnico, que son los siete asesores de los vocales del CPCCS.
Para ello tienen un término de tres días, y su informe se enviará para la aprobación de la comisión ciudadana.
Por ahora se desconoce quiénes son los primeros 29 docentes nominados, pero aquellos que superen el filtro entrarán a un sorteo público en el cual se escogerá a 30 catedráticos que se encargarán de elaborar el banco de preguntas. De ese número:
- 10 deben ser expertos en derecho penal, procesal penal y afines.
- 5 en técnicas de litigación oral y manejo de audiencias
- 5 en gestión pública
- 5 en derecho constitucional
- 2 en derechos humanos
- 3 pedagogos
La normativa para elegir fiscal ordena que para el examen escrito se elabore un banco de 3.000 preguntas y, para el examen práctico, 20 casos de diferentes tipos penales.
El examen oral se valora sobre 20 puntos y consiste en la simulación de una audiencia de juicio en la que observarán la capacidad de argumentación jurídica y el conocimiento de derecho aplicable.
También, las técnicas de litigación y manejo de audiencias.
De los 20 puntos, diez corresponden a la presentación de la teoría del caso, los alegatos de inicio y práctica de la prueba documental, pericial y testimonial.
Los otros diez puntos serán para calificar los alegatos de cierre, que comprenden la demostración del nexo causal entre la conducta penalmente relevante, la materialidad y la responsabilidad del procesado, uso de la lógica jurídica y las técnicas de la argumentación jurídica.
Las notas las pondrán tribunales de calificación, que se integrarán por dos docentes y un miembro de la comisión ciudadana.
El reglamento contempla que, una vez terminada la práctica, cada profesor “asignará un puntaje especificando las razones de la calificación públicamente” y esas razones deben ser “claras y lógicas”.
El puntaje final de cada participante será el promedio del puntaje asignado por cada miembro del tribunal.
Se integrarán diez tribunales mediante sorteo público, una hora antes de que se inicien las exposiciones.
Aquellos catedráticos que no sean seleccionados para integrar los tribunales colaborarán como testigos o peritos durante la intervención de los postulantes.
En la hora y el lugar indicado deberán estar, además de los cinco aspirantes, los catedráticos, los integrantes de la comisión ciudadana y los vocales del CPCCS.
Los concursantes tendrán 30 minutos para prepararse sobre su caso y 45 minutos para presentarlo.
El cuestionario deberá contener 60 % de preguntas en derecho penal, 20 % en derecho procesal penal, 10 % en gestión pública, 5 % en derecho constitucional y 5 % en derechos humanos.
El día del examen cada aspirante recibirá un documento con 60 preguntas escogidas de forma aleatoria que son objetivas y de opción múltiple.
El cuestionario se hará público 48 horas antes en la página web del CPCCS para facilitar la preparación de los concursantes.
Los resultados de esta etapa se sumarán a las notas obtenidas por los postulantes en sus méritos y, quien obtenga el puntaje más alto debería ser designado fiscal general. (I)