El 24 de julio pasado, el presidente Guillermo Lasso firmó el decreto de estado de excepción por 60 días para los centros de privación de libertad. Esto permite la movilización y participación de las Fuerzas Armadas y la Policía, junto con inteligencia del Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI), para retomar el control de las cárceles.