Servicio de protección presidencial

Disponer de los recursos del Estado para obtener beneficios particulares más allá de lo justificable constituye abuso de autoridad y falta de respeto a la ciudadanía.

El Decreto Ejecutivo n.º 1369, referente al Servicio de Protección Presidencial, que extendía la seguridad proporcionada por las Fuerzas Armadas para los exmandatarios y sus hijos, fue derogado por el presidente Guillermo Lasso mediante la firma del Decreto Ejecutivo n.º 75. Se ha corregido así un desatino que ponía en relieve un gasto no justificado a costa del Presupuesto General del Estado.

Modificando el Decreto Ejecutivo n.º 418, del 8 de julio de 2010, que estableció un sistema reforzado de Seguridad Integral de la Presidencia de la República –para el resguardo de las principales autoridades del país, con personalidad jurídica y autonomía operativa, administrativa y financiera–, pocos días antes de concluir su gestión presidencial, en mayo del 2017, Rafael Correa firmó el Decreto Ejecutivo n.º 1369, con un artículo único, que disponía: “Proporcionar de ser necesario protección y seguridad a los expresidentes y exvicepresidentes de la República, a sus cónyuges e hijos, por periodos de un año y seis meses, los plazos se podrán acortar o extender sobre la base del informe de riesgos que se elaborará para el efecto”.

De acuerdo con el Decreto n.º 75 de Lasso, solo se beneficiarán del servicio de protección militar el presidente de la República, el vicepresidente, sus esposas, el secretario de la Administración Pública y las excepciones en caso de riesgo.

El nuevo mandatario está ejecutando acciones orientadas hacia un manejo austero de los recursos del Estado. Las entidades involucradas en la administración pública, sus funcionarios, deben alinearse en la misma dirección, cuidando los recursos que deben emplearse en cubrir las necesidades básicas y jurídicas de la población. Al hacerlo tomarán distancia de quienes abusaron de los recursos públicos y del poder, desperdiciando la oportunidad de invertir en el bienestar de todos los ecuatorianos y no solo de sus allegados. (O)