Entre enero y agosto de 2024 hubo un incremento del 35,5 % de personas que tramitaron el seguro de desempleo en Ecuador, en comparación con el mismo periodo del año anterior. El porcentaje también es superior a lo que se registró en 2022 y 2021, de acuerdo con datos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).
Al trámite de este seguro se acogieron 20.464 personas. No todos los desempleados recurren al beneficio por diversas circunstancias, entre las que se cuenta la afiliación voluntaria o a través de negocios de amigos o familiares para no perder servicios como créditos mientras aplican a otros empleos. Aunque sigan aportando, hay una distorsión de datos en este caso.
Cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censos evidencian que la población económicamente activa, personas que buscan empleo o lo tienen, se incrementó el 9 % de junio del 2018 al mismo mes del 2024: pasó de 7′978.870 a 8′680.135.
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Hay un problema grave en la generación de empleo y la demanda. La economía ecuatoriana no logra un equilibrio en el mercado laboral de calidad. El empleo adecuado es una aspiración del creciente número de profesionales en el país.
En un reportaje de este Diario, un especialista habla de la necesidad de “un ecosistema que no sea hostil a la creación libre de compañías”.
Las reformas legales hechas no han sido suficientes de acuerdo con la realidad. Las políticas laborales y la falta de seguridad jurídica complican la llegada de inversionistas y se vuelven contra la población que busca un empleo y los que lo pierden.
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El recurso del seguro de desempleo es un paliativo con datos reveladores, aun cuando no todos lo cobran y tampoco es un beneficio para quienes renuncian.
Los actores políticos no pueden ni deben seguir usando el desempleo como bandera de campaña engañosa. La falta de cumplimiento de sus viejas ofertas se refleja en las cifras. Mantener el problema sin reformas urgentes que posibiliten la inversión es un lujo que Ecuador no puede permitirse. (O)