Un pronunciamiento de la autoridad de Telecomunicaciones del Ecuador se hace preciso para acabar con las especulaciones en torno a la renovación de contratos de las operadoras Claro y Movistar.
No se puede tratar el tema con ligereza y crear nerviosismo en los usuarios. Ante la ola de comentarios por la resolución de la Agencia de Regulación de Telecomunicaciones (Arcotel) que suspende por 120 días las mesas de negociación para la renovación de contratos con las telefónicas, lo más racional es una versión oficial sobre los efectos.
Hay preocupación porque en agosto vence el contrato con Claro y en noviembre el de Movistar. El analista Alberto Acosta aseguró a este Diario que no existe posibilidad de que se apague el suiche y se acabe la comunicación o la señal como se alerta en redes sociales. No obstante, para tranquilidad ciudadana urge una aclaración del Gobierno.
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El Ejecutivo y las telefónicas están en todo el derecho de negociar las condiciones de una renovación, pero en medio de ello no se puede pensar siquiera en afectar el servicio de comunicación.
La negociación se venía desarrollando desde hace cerca de dos años y corresponde al régimen dar explicaciones a los usuarios, pues al estar cercanos a la terminación de los contratos se espera celeridad, más allá de que el periodo gubernamental se acortó por efecto de la muerte cruzada suscrita el 17 de mayo pasado.
El analista Acosta tiene razón cuando advierte que este tipo de inconvenientes con la negociación de contratos afecta también la posibilidad de futuras inversiones. Difícilmente un inversor apostará por un país donde no hay certezas para mantener sus negocios.
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Acá no solo está de por medio la comunicación móvil, es la tecnología en su conjunto y la economía de familias que han hecho del teléfono celular el medio para llegar a clientes y servicios. Con estos antecedentes urge claridad y transparencia. El silencio en esta situación hace daño. (O)
