El alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, reactivó, el fin de semana, el debate sobre los radares para el control de velocidad, un tema que él mismo reconoce impopular, pero si funciona correctamente para evitar muertes y no como simple máquina recaudadora será eficaz.
Mucha agua ha corrido debajo del puente de la discusión en torno a los radares establecidos y cancelados. Desde corrupción en la contratación, inequidades y su alteración. Tampoco se puede obviar la evasión disfrazada de viveza criolla de conductores que crearon grupos de aviso en redes sociales o adquirieron dispositivos de detección.
El 23 de noviembre pasado este Diario publicó cifras del visor de siniestralidad de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), según las cuales de enero a octubre hubo 1.933 personas fallecidas por accidentes en las vías del país y 14.690 lesionados. El dato hasta este 8 de diciembre no era actualizado, pero solo el domingo pasado en Guayaquil la Agencia de Tránsito y Movilidad reportó, en la red social X, al menos una decena de siniestros. El alcalde en un posteo de ese día precisó que en Latinoamérica, Guayaquil tiene “la tasa más alta de siniestros de tránsito (24 muertes por cada 100.000 habitantes)”.
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La vida es un derecho no solo consagrado en la Constitución sino en acuerdos internacionales de los que Ecuador es signatario. Evitar más muertes en las vías es un deber de conductores y autoridades. La responsabilidad de quienes van al volante es clave, pero también se requieren normativas claras.
Los radares son una opción viable, mas, por sí solos no tendrán efectos. Ni cámaras, ni agentes, ni multas funcionan si no hay una cultura vial sostenida en campañas continuas y a la par implementar auditorías independientes, de activarse los radares, para que trabajen con parámetros internacionales, con parámetros acordes con zonas de riesgo o factores críticos. El debate no puede aplazarse y debe considerar radares, cultura vial, controles y auditorías transparentes. (O)
