Por el nivel de actividad delincuencial que habían venido experimentando varias zonas de Guayas, Manabí y Esmeraldas, el presidente Guillermo Lasso decretó el pasado 29 de abril un estado de excepción focalizado por 60 días. Esta vez, se emplea el recurso por 30 días para proteger a Pichincha, Imbabura y Cotopaxi, provincias donde el paro de la Conaie amenaza con radicalizarse poniendo en riesgo la seguridad de los ciudadanos y el funcionamiento de los sectores estratégicos.

El decreto presidencial 455 también establece que Quito sea zona de seguridad, en previsión de que la capital no vuelva a ser atacada como en octubre de 2019, cuando los quiteños vivieron varios días de zozobra por los actos violentos contra personas y bienes durante la protesta indígena. Sin embargo, desde la Asamblea Nacional se plantea revocarlo.

El presidente del legislativo informó que recibió la solicitud para tratar la derogatoria del decreto firmada por 72 asambleístas del correísmo, Pachakutik e Izquierda Democrática, razón por la que convocó al pleno para hoy, a primera hora. Como segundo punto, se espera citar a los presidentes de las funciones del Estado y a los dirigentes sociales para una reunión que busque una salida a la crisis.

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A diferencia de Yunda en 2019, ahora el alcalde Santiago Guarderas pide que se resguarde Quito. Entregó una carta al presidente de la Asamblea Nacional, responsabilizando de las consecuencias de dejar en la indefensión a los legisladores que apoyen la derogatoria del decreto 455 y apeló a su espíritu cívico y patriótico.

La mayoría de los diecisiete millones de ecuatorianos quiere tranquilidad para trabajar por la reactivación luego de que la pandemia afectara a todos. Grupos de ciudadanos, ellos sí de manera pacífica, se han concentrado en plantones para manifestar su rechazo a quienes buscan imponer con violencia sus posturas.

La paz y la seguridad de la ciudadanía deben prevalecer. Si los legisladores no pueden entender eso, significará que no representan a sus electores. (O)