El 8 de noviembre pasado Frickson Erazo anunciaba en redes sociales su desvinculación del régimen como gobernador de Esmeraldas; el 9 de este mismo mes exponía que quedó sin custodia de seguridad y cuestionaba si es coherente que esto ocurra con quienes han estado en cargos de combate a la delincuencia organizada.

La Policía Nacional respondió devolviéndole la protección personal “mientras se realizan los trámites correspondientes, así como el informe pertinente de análisis de riesgo personal”.

El 7 de noviembre el Ejecutivo firmó un decreto en el que dispone que el Estado otorgue seguridad y protección a los expresidentes, exvicepresidentes y sus cónyuges por dos años como mínimo para el primero y un año para el segundo.

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Como muchas decisiones la medida genera polémica en el país que experimenta una de las etapas de más violencia en su historia, al punto de que en el año 2022 Guayaquil apareció entre las ciudades más violentas del mundo en el ranking que publica el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal de México y se prevé que en la nómina del 2023 estén Guayaquil y Durán por las altas estadísticas de homicidios.

En ese contexto es correcto que la Policía determine el riesgo personal de quienes ejercen o han ejercido una función. Los recursos no son ilimitados y el mismo Gobierno, que ha incrementado el número de uniformados, reconoce que hacen falta ante la ola criminal que ataca al Ecuador.

La indignación de los ciudadanos que se sienten expuestos a la delincuencia está justificada. En el mismo posteo de la Policía en la red social X se expresaron exigiendo seguridad para todo el país.

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No obstante, en Ecuador se ha asesinado a políticos. Este año fueron víctimas concejales, el alcalde de Manta, Agustín Intriago, el candidato presidencial Fernando Villavicencio, quien tenía custodia policial. Es absolutamente necesario el análisis de riesgo y que todas las autoridades que están por asumir el mando se alineen en una lucha sin tregua contra la violencia. (O)