Por naturaleza los niños son personas vulnerables. Convenios internacionales y leyes locales buscan protegerlos y garantizar sus derechos. No obstante, hechos locales e internacionales evidencian que siguen siendo víctimas de violencia provocada por adultos, y las sanciones, las pocas veces que llegan, no terminan de resarcir el daño generado.

Uno de los cinco heridos durante el enfrentamiento a balas registrado en El Triunfo, Guayas, la noche del 16 de marzo de 2023, es un menor de edad. La Policía señala que es una víctima colateral del ataque a uno de los cabecillas de la banda Los Choneros, Júnior Roldán.

Las bandas delictivas en Ecuador se enfrentan en áreas pobladas, atacan a sus víctimas a plena luz del día, secuestran a niños junto con adultos e incluso han incorporado a menores a sus filas: esta semana, un juez juvenil dispuso treinta días de aislamiento para un menor que habría participado en el secuestro de dos personas y, además, es acusado por el crimen de un policía en Esmeraldas.

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Otra menor fue retenida por el secuestro de la pareja en Quito.

Los niños ven vulnerados derechos que el Estado debe garantizar, incluido el de la vida. La delincuencia, que hasta el siglo pasado mantenía ciertos códigos, no escritos, los ha anulado y la violencia llega a todos. La ley no se aplica con la misma dureza. No puede haber impunidad para quienes reclutan a niños, secuestran a menores o los convierten en víctimas colaterales de sus fechorías.

La Corte Penal Internacional (CPI) anunció ayer una orden de detención contra el presidente ruso, Vladimir Putin, por la deportación de niños en zonas de Ucrania ocupadas por Rusia, hecho considerado un crimen de guerra.

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El tribunal enuncia los derechos de la infancia, esos derechos no pueden quedar de lado en Ecuador, donde se libra una guerra distinta en la que las víctimas, niños y adultos, observan la acción tibia de quienes son llamados a impartir ley y protección a los ciudadanos. (O)