De menores de edad que son reclutados por bandas de grupos criminales en Ecuador se viene hablando desde hace algún tiempo. La detención de adolescentes en delito flagrante lo corrobora.
Otra evidencia está en las estadísticas de posesión de armas: de enero al 4 de agosto pasado, 98 menores de edad han sido retenidos por tenencia de armas en la Zona 8 que comprende Guayaquil, Durán y Samborondón. En el mismo periodo del 2024 son 59 los casos anotados. Según el Ministerio de Educación, en lo que va del presente año, se han identificado dos casos de estudiantes en posesión de armas de fuego y cuatro con objetos cortopunzantes dentro planteles educativos.
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La pregunta es qué se está haciendo para evitar que más niños sean involucrados en bandas y que puedan presentarse incidentes por lamentar en las aulas, donde todavía se puede hablar de un alto número que acude a estudiar.
En Durán la Policía revisa mochilas en la entrada a planteles educativos. De acuerdo con el Protocolo de Actuación en Infracciones Cometidas dentro del Sistema Educativo, la fuerza pública puede ingresar a las aulas únicamente en casos de delito flagrante o por orden judicial, señala el artículo 480 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).
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Sin embargo, la situación es compleja y se requiere analizar y tomar decisiones que no afecten los derechos de los menores, pero primordialmente que los protejan. La seguridad y educación en Ecuador son una responsabilidad del Estado.
En las opciones hay que revisar experiencias internacionales y evaluar todo lo que signifique beneficio y su aplicación en zonas específicas o a nivel general. En Florida, por ejemplo, el condado Broward dispuso en mayo de 2023 que los estudiantes usen mochilas transparentes ‘para fomentar un entorno de aprendizaje seguro y evitar ataques’ sufridos antes.
No se trata de imponer sin un criterio de seguridad y la opinión de los padres, pero sí de buscar alternativas para proteger a los menores. (O)