Es totalmente justificado el temor de los habitantes de los sectores donde en los últimos días grupos de delincuencia organizada han puesto explosivos. En la zona de Samanes, este 20 de mayo se registró la tercera explosión. Es injustificada la repetición. Las fuerzas de seguridad están obligadas a movilizarse para evitarlo.

El último artefacto explosivo no detonó en una casa como el 15 y 16 de mayo, sino en una peatonal, pero se dejaron panfletos exigiendo a los moradores comunicarse a un número de teléfono móvil.

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Si bien la Policía, a través del distrito Modelo, anticipó que trabaja junto con los moradores en las investigaciones para capturar a los responsables, urge una labor de inteligencia y patrullajes de control.

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Los equipos de investigación e inteligencia son requeridos en diversas zonas donde los extorsionadores están causando terror. No se puede esperar y lamentar que en los ataques con explosivos haya víctimas humanas en el futuro.

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Una tarea adicional es localizar en dónde y cómo se están dotando de material explosivo los delincuentes.

El Código Orgánico Integral Penal (COIP) establece en el artículo 361 penas de entre tres y cinco años para quien fabrique, suministre, comercialice o transporte armas, municiones y explosivos no autorizados.

El artículo 362 del mismo COIP sanciona con cinco a siete años de prisión por el tráfico de explosivos y armas de fuego. Aumenta a trece años para la persona u organización delictiva que patrocine, financie, administre, organice o dirija actividades destinadas a la producción o distribución ilícita de armas, municiones o explosivos.

Las sanciones están establecidas en la Ley. El país no soporta más impunidad y que los ataques terroristas continúen. Este 20 de mayo hubo otra explosión en un local de una gasolinera de Guayaquil con el fin de robar, según se conoce. Todos los días en las redes sociales de la fuerza pública se difunden operativos y acciones, estas no pueden desmayar y deben fortalecerse para la paz de la nación. (O)