La corrupción causa pérdidas económicas para el país, afecta la institucionalidad, pero además destruye la confianza social y la fe de la ciudadanía en sus funcionarios. La semana pasada la Fiscalía General del Estado desarrolló allanamientos dentro de una investigación de actos de corrupción en la Agencia Nacional de Tránsito (ANT).
El denominado caso Jaque indaga la emisión irregular de licencias de conducir y la asignación de frecuencias, de acuerdo con declaraciones del ministro del Interior, John Reimberg. El perjuicio para el Estado sería de 3 millones de dólares.
Dictan prisión preventiva a director de la ANT y otros 8 detenidos en operativo
De momento hay diez detenidos. El determinar los hechos y sobre todo liquidar a la impunidad es imprescindible para empezar a recuperar la confianza de la sociedad en sus instituciones.
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En este punto del camino las funciones del Estado no se pueden dar el lujo de quedarse en el escándalo público y menos en la viralidad pasajera de las redes sociales. La ciudadanía demanda justicia real.
No basta con llevar a prisión a los responsables de las afectaciones a la economía nacional, que finalmente es al bolsillo y la eficiencia, porque los recursos perdidos bien podrían ir a obras y servicios. Se deben recuperar también los fondos perdidos.
La reparación está establecida en la ley y cuando se sancionan los delitos es dictaminada. Corresponde velar porque se haga de manera íntegra y adecuada.
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El trámite legal para recuperar lo sustraído por corrupción no puede ser lento, como se ha mostrado.
Empezar por investigaciones transparentes, que se mantenga a la ciudadanía informada desde las autoridades y que se llegue a sentencias eficientes es una obligación de los responsables de cada una de las partes del Estado.
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Ni los medios de comunicación ni los ciudadanos son jueces, pero sí son parte de una sociedad que demanda terminar con la impunidad y con la corrupción que destruye a los países si no se frenan y sancionan. (O)
