La Policía Nacional ha identificado la existencia de 36 focos principales de minería ilegal metálica en Ecuador. Están localizados en cinco provincias de la Sierra, cinco de la Amazonía y dos de la Costa. La revelación, hecha por el viceministro de Seguridad Pública del Ministerio del Interior, Luis Fernando Pérez, en el Encuentro Anual de Minería el 11 de diciembre, no puede menos que causar alarma porque contempla graves problemas ambientales y sociales.
El diagnóstico, sin embargo, es una señal de la efectividad de las investigaciones que por obligación deben desembocar en la captura de quienes operan de manera ilegal, la desarticulación de bandas que utilizan este tipo de actividades para lavar dinero y otros delitos.
La minería ilegal y sus delitos conexos son altamente atractivos para los grupos delincuenciales por la millonaria rentabilidad que obtienen para financiar sus actividades criminales.
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Estudios, según el viceministro, revelan que la producción aurífera ilegal deja a los grupos criminales alrededor de $ 300.000 diarios de rentabilidad.
Hasta el 8 de diciembre de este año se realizaron 398 operativos de intervención de la Policía Nacional, que detuvo a 208 personas e incautó 264.232 kilogramos (kg) de material mineralizado, 169.051 explosivos, 48 vehículos (autos y motos). Además se han incautado 47 armas, 759 municiones, 133 maquinarias pesadas.
Para recuperar el control de los territorios que han sido tomados por la minería ilegal es indispensable la presencia permanente de Fuerzas Armadas y Policía en las zonas críticas. En paralelo, hay que diferenciar la minería ilegal de la artesanal, que requiere de procesos de profesionalización y formalización para que no caiga en manos de la delincuencia.
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La minería con tecnología limpia real es un recurso al que recurren los países porque no se puede negar la necesidad de ingresos para el Estado y que estos se traduzcan en bienestar, siempre velando por transparencia en materia ambiental y económico-fiscal. (O)
