Entre las declaraciones del presidente Daniel Noboa ante Jorge Rendón y Mariela Viteri, la mañana del 20 de febrero, lanzó un dato que la Función Judicial debe aclarar y complementar. El jefe de Estado dijo que se ha capturado al 85 % de los cabecillas de grupos criminales del país. En total habló de 150.000 personas detenidas en operativos y acciones policiales, pero solamente 10.000 han sido procesadas.
Para determinar cuántos de esos detenidos son delincuentes, tendrían que ser procesados y sentenciados; en este último paso, los jueces dictaminan culpabilidad o inocencia.
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De los 10.000 procesados que menciona el mandatario se adeuda revelar cuántos han recibido sentencia condenatoria. Este es un requerimiento de la sociedad a la Justicia, así como conocer los motivos por los que se tardan los procesos.
La frase atribuida al estadista británico William E. Gladstone, “Justicia demorada es justicia denegada”, es un reproche casi a la medida en el Ecuador. Los datos actualizados sobre procesados y sentencias tienen que ser difundidos con los debidos argumentos.
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El presidente considera que es necesaria una reestructuración de la Función Judicial. Esta solo funcionará en la medida que blinde al sistema de las redes criminales y de los tentáculos del poder político.
Ambos han permeado a esta función del Estado. Los casos más recientes son públicos: Metástasis, Purga, Plaga, por nombrar algunos.
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Una reestructuración de la Función Judicial es un tema de alta cirugía para que haya resultados y no sea una consigna coyuntural. Si el rediseño no altera la forma de selección, evaluación y sanción de jueces y fiscales, todo será cosmético.
Evaluaciones técnicas, méritos probados y reales, sistemas disciplinarios autónomos, cultura institucional, ética y dotación de tecnología que permita sorteos automáticos, expedientes electrónicos auditables y estadísticas abiertas son puntos por considerar, pues sin una justicia autónoma y transparente falla el sistema. (O)