La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha definido a las personas en situación de calle o habitantes de calle “como un grupo vulnerable que carece de recursos económicos, apoyo familiar o redes de salud, y que utiliza la calle como su lugar de vivienda permanente o transitoria. Estos individuos están expuestos a la exclusión social y la vulneración de derechos”.
En este grupo hay indigentes y consumidores de drogas y alcohol. Hombres y mujeres. Ancianos, adultos, jóvenes y hasta niños. Ecuatorianos y extranjeros.
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No existe una estadística actualizada. Pero las historias abundan. Como la de Roy, que perdió su empleo en los inicios de la pandemia del coronavirus, y ya no pudo conseguir otro. Para subsistir empezó a vender sus electrodomésticos y otras pertenencias hasta que se quedó sin nada. Por último, en el 2021, tuvo que salir del departamento que rentaba con una funda con poca ropa. Su primera noche en la calle la pasó junto a la iglesia de San Francisco, en el centro de Guayaquil. En adelante ha sobrevivido vendiendo botellas de agua, lo que, de cuando en cuando, le ha permitido quedarse en pequeños hostales para bañarse y dormir.
Roy llegó al Albergue Ciudadano, que regenta la Dirección de Acción Social del Municipio de Guayaquil (DASE), hace poco tiempo. Ahí aprendió el oficio de gasfitero y espera ser reinsertado al mercado laboral con gestiones de las autoridades.
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Según datos de la DASE, entre febrero del 2023 hasta febrero de 2025, se abordó a 867 personas en situación de calle, de las cuales 364 ingresaron voluntariamente al albergue, que tiene capacidad para 40 habitantes. Hoy en día hay 23.
El Ministerio de Desarrollo Humano también maneja otros albergues en convenios con municipios y fundaciones en otras localidades del país.
Espacios que son necesarios, sí, pero cuya labor debe complementarse con el desarrollo de programas de impulso al empleo para que este grupo humano, y en general la sociedad ecuatoriana, tengan más oportunidades de progreso. (O)