El Gobierno nacional anunció que este miércoles a las 22:00 se inicia un corte de energía eléctrica que se extiende hasta las 06:00 del jueves. El objetivo es desarrollar trabajos de mantenimiento en el sistema de transmisión y redes de distribución eléctrica.
Es natural que haya incomodidad y hasta molestia en la ciudadanía, sin embargo, se debe recordar que el 7 de septiembre hubo un desabastecimiento en casi todo el país y una de las demandas fue que se comunique con antelación una restricción a fin de aminorar el impacto en el sector productivo y prepararse ante inconvenientes que se presentan en paralelo. En esa fecha se dijo que el corte fue fortuito, hubo una falla en la subestación Molino, luego se habló de un error humano... La causa sigue en investigación.
Ahora el anuncio fue anticipado el domingo, con mucho tiempo para el gusto de algunos. Pero más allá de eso el Gobierno toma una decisión sobre la cual debe responder. Es obligación del Ejecutivo buscar soluciones y en ese marco se habla de una medida preventiva “para afrontar la crisis y mantener la soberanía energética al mediano plazo”.
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La inseguridad es una de las preocupaciones cuando se habla de un corte nocturno a escala nacional. Para reducir los riesgos el régimen anticipó que habrá toque de queda y que Policía y Fuerzas Armadas se encargarán de garantizar el orden. No obstante, propietarios de bares y restaurantes rechazan el toque de queda, argumentando que se afecta al sector.
En medio de una crisis energética lo propio es que los gobernantes apremien medidas, que los criterios técnicos se impongan y que respondan para evitar restricciones mayores. Es lógico que un corte de energía, que además afecta la distribución de otros servicios como agua potable o internet, genere indignación, pero si con esta y otras disposiciones se evita un mal mayor, hay que respaldarlo, no a la persona sino a las soluciones. Aquí no debe haber política ni campaña. Es la productividad y energía del país la que se pone en juego. (O)
