La seguridad es vital para continuar el proyecto educativo. Lo dice la ministra de Educación, Cultura y Deportes, Alegría Crespo. Y a pesar de los datos positivos que ofrece en torno a los proyectos de Gobierno, no deja de alarmar la violencia “territorializada”, como ella misma llama, a la que se evidencia en planteles de la Costa, donde alumnos y docentes han sido víctimas de extorsión o reclutamiento.
Este mismo mes se conoció que en un colegio del norte de Guayaquil aparecieron panfletos amenazantes contra tres alumnos. “La violencia contra docentes no es un fenómeno sistémico, tampoco lo ha sido contra los estudiantes. Son casos puntuales, realmente muy puntuales dentro del universo de 4,1 millones de estudiantes y 216.000 docentes. En el 2025 se reportaron 179 casos en todo el país, es decir, que apenas el 0,1 % de los profesores. De estos casos el 48 % está concentrado en la Zona 8 (Guayaquil, Durán y Samborondón)”, anota la funcionaria, para añadir que esto permite una intervención de forma localizada.
Explica que el programa Comunidades Educativas Seguras y Protectoras beneficia a 365 instituciones en las que se ha logrado un 30 % de disminución de eventos peligrosos durante el primer semestre de implementación.
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No obstante, un estudio publicado este año por el Observatorio Ecuatoriano del Crimen Organizado emite datos reveladores. La encuesta se aplicó a 3.000 personas entre 12 y 17 años: el 8,1 % de niños, niñas y adolescentes admitió formar parte de un grupo criminal. La mayor prevalencia estaría en Esmeraldas y Babahoyo, se anota. El 27,6 % manifestó conocer a personas integrantes de bandas criminales, aunque el dato varía según la ciudad.
La realidad dolorosa obliga a atender un problema criminal que amenaza a los niños y jóvenes. La prevención y el tratamiento de los ya involucrados es urgente, tanto desde el Estado como desde la sociedad. Si se conoce en qué territorios está la crisis hay que atenderlos ya y vigilar que no se extienda a otras zonas. (O)
