“Estamos viviendo la peor sequía en 61 años. Es un caos, es un caos, y es mucho peor de lo esperado”. La frase dicha por el presidente Daniel Noboa en un encuentro con empresarios en Estados Unidos refleja lo que se vive en Ecuador por los cortes de luz.

La sequía es un tema del que se viene hablando y que afecta, además del sector eléctrico, a la producción agropecuaria y a través de los cortes a fábricas, servicios, comercios y hogares.

La ciudadanía, en su mayoría, tiene claro que el estiaje provoca los racionamientos eléctricos, pero no tener certezas respecto a los cronogramas, además de causar molestia o incomodidad, deja pérdidas económicas por la para en la producción.

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Para enfrentar la crisis solo hay dos caminos, dice ministro Antonio Goncalves: “esperar que llueva y los racionamientos”

Es información precisa y transparente lo que se exige en todos los ámbitos. El ministro de Energía, Antonio Goncalves, dio un baño de sinceridad a la situación este 23 de septiembre, cuando reconoció que la esperanza para aminorar los racionamientos es que llueva.

El 22 de septiembre el embalse de Mazar estaba en 2.114 metros sobre el nivel del mar y “cuando llegue a 2.110 metros perdemos el control, donde se pueden cerrar las dos turbinas y a partir de ese momento dependemos exclusivamente de lo que llueva”.

Las fallas en la comunicación son una debilidad para el régimen en momentos de una crisis como la actual. El ministro de Energía anunció a reglón seguido que los horarios de los racionamientos se darán los viernes de cada semana y corresponderán a lunes, martes, miércoles, jueves y viernes siguientes.

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Para no añadir incertidumbre es conveniente que los anuncios sean certeros, a fin de que empresas y ciudadanos se programen para sus actividades y buscar mecanismos de reducir las pérdidas por los cortes de luz. Las quejas por jornadas más cortas o más extensas de las anunciadas, las culpas y las disculpas no son una opción. No contribuir al caos está en manos de todos: el ahorro y la información son dos posibilidades que no excluyen ni a Gobierno ni a ciudadanos. (O)