El TCE tiene la última palabra

Luego que el Consejo Nacional Electoral (CNE) decidiera anular las votaciones de asambleístas efectuadas por los ecuatorianos residentes en el extranjero, por el fracaso de su proyecto de voto telemático por fallas técnicas causadas, según la institución, por ataques cibernéticos, hay una discusión sobre si esto es legal o no, la cual deberá ser resuelta por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE).

Actualmente hay tres recursos que se tramitan en el TCE, que piden a los jueces electorales dejar sin efecto la resolución de la Junta Especial del Exterior que pidió anular la votación de las dignidades de asambleístas nacionales y representantes de los migrantes, y con ello, se proclamen los resultados con base en los escrutinios del 20 de agosto pasado.

También se habían presentado previamente siete recursos que exigían que se vuelvan a realizar las votaciones por las dificultades presentadas con el voto telemático, pero todos fueron archivados porque los accionantes no completaron ni ampliaron la información requerida por los jueces electorales.

Nulidad de elecciones de asambleístas nacionales y del exterior abre debate sobre constitucionalidad y legalidad de la decisión

Los proponentes de las acciones en contra de la repetición son partidos y movimientos que verían afectados sus resultados, principalmente de asambleístas nacionales, por los márgenes con los que lograron una o más curules.

A la vez, los miles de ecuatorianos que se vieron impedidos de enviar su voto válido (pudieron hacerlo poco más de 50.000 de los 123.000 inscritos), de acuerdo con lo establecido legalmente, piden y merecen tener respuestas por las fallas.

El TCE debe decidir si la negligencia de lo sucedido con el voto telemático es una causal suficiente para repetir las elecciones en el exterior parcialmente, lo que se haría con la votación de segunda vuelta para presidente, algo que, desde varios sectores, dicen beneficiaría a las tiendas políticas de los dos candidatos finalistas.

El país espera una respuesta definitiva y basada enteramente en la legalidad para conocer cómo estará conformado el nuevo Poder Legislativo. (O)