La contienda por el cargo de alcalde de Quito, que ha agobiado a los capitalinos durante un prolongado periodo, fue zanjada por la Corte Constitucional que decidió que las sentencias a favor de Jorge Yunda sobre su remoción vulneraron derechos constitucionales. Esto le permitió a Santiago Guarderas sustituirlo en el cargo.

Ya posesionado como alcalde, Guarderas afirmó que ha expedido un Código de Ética que establece las reglas de conducta que los funcionarios municipales deberán seguir, pues dijo que no se permitirá que por estar en el Municipio vengan los tíos, los primos, los hijos a aprovecharse.

En 2019, Yunda resultó electo alcalde con el 21,39 % de la votación y Guarderas ganó la concejalía del Distrito Sur. Ambos llegaron al cabildo con el auspicio del Movimiento Unión Ecuatoriana.

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Algunas actuaciones, como el escándalo por presunto peculado que involucra a Yunda y otras trece personas por la compra de pruebas de detección de COVID-19 hecha por la Secretaría de Salud del Municipio, dieron pie para que varios concejales y ciertos sectores ciudadanos le solicitaran la renuncia a Yunda, quien ha echado mano de cuanto recurso estuvo a su alcance para aferrarse al cargo.

El desafío de Guarderas es grande. Él conoce y ha denunciado irregularidades en la administración municipal; ahora le corresponde transparentar esos procesos y evitar caer en prácticas similares o solaparlas. Deberá nombrar nuevas autoridades para las direcciones y empresas municipales y tiene la tarea de echar a andar el Metro. Sobre este último tema, ha anunciado una revisión del modelo de gestión y que se cambiará al gerente de la empresa.

Los capitalinos no deben desaprovechar la enseñanza de este oscuro capítulo en la administración municipal. Tendrán que exigir a los partidos políticos mayor seriedad en la selección de los cuadros de aspirantes a la Alcaldía y al Concejo Metropolitano; como mínimo deberían tener probidad notoria y trayectoria política y administrativa. Experiencias recientes así lo demandan. (O)