Dentro de una semana, el 24 de noviembre, se reunirá el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios para empezar a discutir la definición del sueldo básico unificado que regirá en 2026. Con ello se abre un debate entre lo técnico y la realidad económica y social de los ecuatorianos.
El Consejo Nacional de Trabajo y Salarios está conformado por diez representantes de organizaciones laborales y otros diez de los gremios productivos, entre titulares, suplentes y adicionales. Llegar a acuerdos en torno a las propuestas ha sido esquivo en los últimos años.
Ante esas circunstancias es el Gobierno el que ha fijado el salario. Si esta vez tampoco se logra un acuerdo, la ministra del Trabajo, Ivonne Núñez, ha anticipado que el alza podría ser de $ 16, tomando en cuenta el nivel de crecimiento económico proyectado por el Banco Central del Ecuador, estimado para este año en 3,4 %.
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Gremios de trabajadores consideran tímido ese valor y reclaman alinearlo con el costo de la canasta básica, cuyo valor promedio en octubre de 2025 fue de $ 823,22, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).
Una vez más se pone a prueba la capacidad de diálogo social para llegar a acuerdos. La determinación salarial debe ser resultado de un proceso técnico, equilibrado y socialmente responsable, sin embargo, año a año Ecuador es testigo de la fragilidad de las conversaciones.
El Gobierno, empleados y empleadores tienen la oportunidad de demostrar que algo ha cambiado, como repiten en los discursos políticos, llegando a una definición favorable a la economía y desarrollo que tanto proclaman.
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El proceso no puede cerrarse a posturas empujadas por el cálculo político o la presión coyuntural, requiere de estudios serios sobre inflación, canasta básica, capacidad productiva, crecimiento económico y formalización laboral. El país necesita una evolución que garantice el balance de las condiciones de vida de los trabajadores sin afectar la competitividad del aparato productivo. (O)
