El Gobierno atribuyó a un plan de eficiencia administrativa y optimización del Estado la desvinculación de 5.000 servidores públicos, anunciada la tarde del 24 de julio pasado. La vocera Carolina Jaramillo comunicó la supresión junto con la fusión y disminución de ministerios, pero este 25 de julio el presidente Daniel Noboa aseguró que las medidas responden a un pedido expreso de la ciudadanía.
“Hemos tomado una decisión muy dura, pero era lo que gente pedía: sacar a gente que no está comprometida con el país y darles oportunidades a jóvenes, a personas y profesionales que van a servir con amor y no a boicotear el trabajo del Ejecutivo”, dijo, con lo que deja abierto el camino a nuevas contrataciones. La reducción de 5.000 puestos representa el 1,02 % de los 490.496 empleados público registrados este año, de acuerdo con datos oficiales expuestos por la televisora Ecuavisa.
Una medida anunciada a puertas del feriado por el proceso fundacional de Guayaquil, ciudad a la que se movilizaron las principales autoridades del país, deja pendiente una explicación detallada. No se han revelado los objetivos económicos que se alcanzarán, tampoco los análisis técnicos ni las metodologías con las que laborarán los ministerios fusionados. No queda claro si se trata de supresión de puestos o si se reemplazarán para “darle oportunidades a jóvenes y profesionales”, como señaló el mandatario en la sesión realizada en la Gobernación del Guayas.
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Hacer anuncios en feriados o fines de semana se ha vuelto una constante. Estrategia o no deja muchas interrogantes por responder. No obstante, ya se adelantan medidas judiciales y movilizaciones para fin de mes e inicios de agosto.
Calentar las calles no solucionará los problemas. Los gremios no pueden afectar la productividad, pero también es una obligación del Gobierno tener claridad sobre la toma de decisiones. El régimen debe dar garantías de que las medidas se dirigen a quienes no cumplen su trabajo, como dice, y que no pase que se rompe el hilo por lo más débil. (O)
