Cada vez hay más evidencias de la necesidad de una Comisión Internacional de Lucha contra la Impunidad, integrada en convenio con Naciones Unidas. Con donaciones y conocimientos de países desarrollados, exitosos en el combate del crimen organizado, que aseguren, a los expertos internacionales que intervendrían, independencia del poder político y efectividad para terminar con la impunidad de estructuras que cooptaron el Estado. Así que viene bien el ofrecimiento de don Guillermo Lasso, nuestro próximo presidente.

Veamos las evidencias dadas esta semana (diario El Comercio): Entre las pruebas de la Fiscalía para procesar al contralor Pablo Celi y a otras personas relacionadas con sobornos pagados por contratistas del Estado para obtener desvanecimientos de glosas (detectado en EE. UU.), figura la declaración de Luis Miño, actual director nacional de Responsabilidades de la Contraloría. El funcionario admitió que una contratista de Petroecuador pagó sobornos para tal fin por $ 13 millones; y, que él suscribió en septiembre de 2018 el desvanecimiento de cuatro glosas de esa compañía “por disposición directa y verbal del contralor Pablo Celi”. Puntualizó que Celi lo designaba como subcontralor para realizar esa tarea, aunque su cargo era de secretario general. Dijo que Celi lo amenazaba con la destitución si no cumplía su orden. Miño también relató que desde que Celi asumió como contralor le ha ordenado “…al menos 15 veces desvanecer glosas de otras compañías, principalmente de telecomunicaciones...”.

Sin duda, cuando un contralor del Estado llega al extremo de encargar a un funcionario inferior tareas temporales para instruir actos ilícitos, es que dicha autoridad ejerce sin contrapeso alguno y de ninguna manera se podría esperar que en esa entidad de control exista independencia funcionarial interna. La Ley Orgánica del Servicio Público establece en ciertos artículos la tibia obligación de los funcionarios estatales de denunciar los actos de corrupción, “protegidos” con alguna insuficiente garantía para quienes se atrevan a revelar actos ilícitos o intentos de igual calaña de sus superiores o compañeros de rango similar (siempre se sospecharía el respaldo de un ‘duro’).

En Guatemala, la Comisión Internacional de Lucha Contra la Impunidad (Cicig), en palabras de su excomisionado, Iván Velásquez, llegó “… casi al núcleo del problema de la captura del Estado guatemalteco...” y afirmó: “… tocamos fuertemente la impunidad del poder”. Por ello es que el expresidente Jimmy Morales no renovó el convenio para que siguiera funcionando la Cicig. Había que detener la persecución penal por casos de corrupción y restaurar el sistema de impunidad reinante hasta el 2015; esa es la conclusión de Carlos Arrazola al analizar la crisis política que afronta ese país.

Arrazola afirma que Morales en el objetivo de deshacerse de la Cicig, utilizó todo tipo de argucias e ilegalidades.

Acá tampoco será fácil, las mafias están bien agarradas en los contratos del Estado, que hasta buscan amnistías e indultos, pero estimo que la iniciativa del nuevo presidente, no constituirá la misma burla de su antecesor. (O)