En 2007 señalé que “el aeropuerto José Joaquín de Olmedo es un ejemplo de cómo se puede mejorar un servicio público en poco tiempo sin aumentar el gasto público o la intervención estatal. No obstante, vivimos en un país donde el éxito se observa con sospecha en lugar de ser aplaudido y estudiado para que otros lo consigan también”. La descentralización y concesión del aeropuerto se encontraba en su séptimo año y ya había transformado uno de los peores aeropuertos de la región en uno de los mejores. Esto se hizo cobrando la misma tasa que cobraba la Dirección General de Aviación Civil (DAC).
La reforma efectuada por el entonces presidente Gustavo Noboa había puesto fin a décadas de una administración deplorable por parte de la DAC, que es una entidad adscrita al Gobierno central. Más allá de la ubicación del aeropuerto nuevo, lo importante es quién debe decidir y administrar el aeropuerto hoy y en el futuro.
El aeropuerto de Guayaquil se ha destacado continuamente por su desempeño. En los premios de 2023-2024, el Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI) otorgó al aeropuerto cinco premios por ser (1) el mejor aeropuerto en la región América Latina y Caribe en la categoría de 2-5 millones de pasajeros, (2) tener el personal más dedicado, (3) el recorrido aeroportuario más fácil, (4) el aeropuerto más agradable y (5) el aeropuerto más limpio. Fue el único aeropuerto en toda la región de ganar premios en las cinco categorías y uno de los nueve en el mundo que lo lograron.
Lo que hemos aprendido en Guayaquil es que muchos servicios públicos mejoraron considerablemente cuando se trasladó la competencia al Municipio y se concesionó a empresas privadas su gestión. El aeropuerto es uno de los mejores ejemplos de este modelo de administración pública. Y el Gobierno nacional, en lugar de intervenir donde no hay emergencia ni problema, debería tomar nota y alentar a otras ciudades a imitar el esfuerzo y progreso logrado en nuestra ciudad. El Gobierno podría comenzar por donar los terrenos de los aeropuertos y darles competencia por sobre la administración de estos, que es lo único que Guayaquil recibió del Gobierno central. Actualmente, de 22 terminales aeroportuarias en el país, 18 son administradas por la DAC; solo 4 funcionan bajo el modelo de concesión.
En 2007, Correa reclamó el 50 % de las utilidades del aeropuerto de Guayaquil y no lo logró. La concesión ya había demostrado ser tan eficiente en su administración que había logrado acumular un fondo de ahorros para la construcción de un nuevo aeropuerto en el futuro. Han pasado casi 20 años y ahora ese fondo acumula casi $ 400 millones.
El ministro de transporte dice que no pretenden tocar el fondo de ahorro, sino solo avanzar los intereses nacionales y de los guayaquileños. Por intereses nacionales, defiende una mejor conectividad para ciudades como Cuenca y Machala si se ubicase el aeropuerto en Taura vs. Daular. Pero si realmente les preocupa deberían enfocarse en primero resolver las vías de acceso a Guayaquil, dando vía libre a la construcción del quinto puente, lo cual también se habría logrado hace décadas si el Gobierno local de Guayaquil también tuviese la competencia sobre la administración de las vías de acceso a la ciudad y sus puertos. (O)
