“La caridad es humillante porque se ejerce verticalmente y desde arriba; la solidaridad es horizontal e implica respeto mutuo”, Eduardo Galeano.

En la relación entre Estado fuerte y Estado débil impera la ley del más fuerte, cuando debería imperar la ley del más débil. El imperio de la ley está determinado en el derecho y sus garantías, que accionan el sistema universal de los derechos fundamentales. La universalidad del derecho se convierte entonces en la mejor herramienta crítica y jurídica frente a la guerra global que atravesamos contra la salud humana. Una guerra marcada por la supremacía científica, el nacionalismo y la corrupción, que profundizan la desigualdad pasiva en los pueblos débiles.

El derecho universal a la salud, entendido como una obligación positiva de los Estados ante sus ciudadanos, se integra a los derechos de solidaridad o de los pueblos, donde el derecho al desarrollo, en especial al acceso al desarrollo científico, se convierte en la fuerza moral para desafiar y evolucionar la rigidez de la ley ante la emergencia sanitaria por la que atraviesa la humanidad. Un desafío que representa la oportunidad de flexibilizar los regímenes jurídicos de la propiedad intelectual y las patentes para considerar a las vacunas y medicinas bienes públicos globales; porque los problemas mundiales exigen que los costos y las cargas se distribuyan conforme a los principios fundamentales de equidad y justicia social.

Al interpretar el régimen de propiedad intelectual en función del deber de los Estados de proteger la salud pública ante una guerra que supera y desborda las fronteras geográficas, se resolvería el problema inmediato de la producción insuficiente de vacunas, una medida urgente y necesaria para lograr el acceso universal a vacunas seguras y eficaces. Tan urgente y necesario como resolver el problema de su adquisición y distribución equitativa, donde los Estados débiles tienen la responsabilidad de demostrar su fortaleza local. Una fortaleza que exige integrar la fuerza del Estado, la experiencia y especialización del sector privado y el conocimiento territorial del voluntariado civil para alcanzar el efecto escala que exige la emergencia sanitaria. Agilidad, eficiencia y extremo rigor en la transparencia y rendición de cuentas pondrían a los Estados débiles a la altura científica de los Estados fuertes, convirtiendo la solidaridad en una acción humanitaria de respeto mutuo ante el equilibrio justo de responsabilidades.

Invocar el principio fundamental de solidaridad como fuerza unificadora en torno a la actual emergencia sanitaria significa desarrollar una actitud más empática, más honesta, más de aprecio a la humanidad, donde el marco internacional de los derechos humanos es útil para superar situaciones límite a las que nos desafía la interdependencia global y sobre la que se exige aplicar un examen periódico universal para medir su progreso.

El efecto funcional de la solidaridad crea las condiciones para refundar un pacto internacional de convivencia global, que supere la fortaleza o debilidad de los Estados y responda a los altos estándares que exige la dignidad humana. (O)