Los datos de inversión extranjera directa pintan un panorama poco alentador para Ecuador. En 2023, mientras América Latina captó $ 183 mil millones, nuestro país apenas recibió $ 409 millones. La situación se deterioró en 2024, el Banco Central reportó una caída a $ 232 millones. La comparación con nuestros vecinos es contundente y dolorosa. Perú atrajo $ 5.000 millones, Colombia $ 17.000 millones, Chile $ 21.700 millones y México una impresionante cifra de $ 30.200 millones.
Diversos factores frenan la inversión en Ecuador: inestabilidad política y polarización que aún genera incertidumbre; inseguridad jurídica y debilidad judicial que no garantizan las reglas del juego; retroactividad de algunas leyes que minan la confianza; los trámites complejos y costosos, sumados a una administración pública ineficaz, complican el entorno de negocios; el flagelo de la corrupción que eleva los riesgos y reduce la transparencia. En los últimos años, la inseguridad ciudadana se ha convertido en una preocupación primordial para quienes consideran invertir en el país y el costo laboral elevado. Si bien el salario mínimo vital es de $ 470, los beneficios adicionales sitúan el costo real por empleado en unos $ 660. Cuando analizamos la facilidad para hacer negocios, los reportes internacionales nos ubican solo por encima de Venezuela y Bolivia. Ni hablemos de innovación. Por último, el riesgo país, aunque ha disminuido a 800 puntos (mejor que en años anteriores), sigue siendo alto en comparación con Perú y Colombia, que rondan los 400 puntos.
Más allá de los fríos números, mi experiencia promoviendo inversiones me ha permitido conocer de cerca las nuevas normativas del presidente Daniel Noboa, orientadas a facilitar la inversión privada, nacional y extranjera, en el sector energético. ¡Una iniciativa aplaudible! Sin embargo, la realidad de la implementación es desalentadora. Empresarios interesados en generación eléctrica se alarman al saber que un título habilitante puede demorar seis meses y los permisos ambientales, otros seis.
Tras identificar estas enormes barreras para invertir en energía, es evidente que otros sectores cruciales para el desarrollo de Ecuador sufran los mismos males. No son obstáculos infranqueables, pero la falta de decisión política al más alto nivel impide que las cifras de inversión den el giro que el presidente busca con sus viajes para atraer recursos.
Si yo fuera un inversionista, mi pregunta concreta sería: ¿con quién concretamos nuestro proyecto para superar estas barreras y asegurar nuestra inversión en Ecuador?
Queremos ver que, más allá de invitar a los inversionistas, el presidente lidere una sólida estrategia institucional. Una señal política contundente sería la creación de una oficina en la Presidencia cuya única función sea la facilitación de las inversiones. Un único interlocutor y contacto que ayude a navegar el laberinto de la burocracia ecuatoriana. Que el presidente logre concretar todas esas iniciativas con las que regresa de sus viajes debe ser no solo un anhelo de este gobierno, sino de todo el país. Urgente, presidente, antes de su próximo viaje: arme su equipo de alto rendimiento para lograrlo. (O)