En 2008 fui uno de los pocos en hacer campaña por el no en el referendo para la Constitución de Montecristi. La Constitución obtuvo el 63,9 % de apoyo en el referendo (pese a que unos meses antes 81,7 % había apoyado la convocatoria a la Asamblea Constituyente).

Las razones por las que me opuse entonces son las mismas por las cuales considero que ahora se debe convocar a una asamblea constituyente, votando sí en la consulta popular del 16 de noviembre. Esto pese a que el Ecuador ya ha tenido 20 constituciones en 195 años, mientras que el país que solía ser el parangón de la libertad y la democracia, EE. UU., solo ha tenido una en 238 años.

Una constitución debe establecer la estructura y las bases para el funcionamiento del Estado, y las libertades y derechos de la ciudadanía frente al Estado, estableciendo límites para prevenir el abuso del poder (el origen de las mismas son la Carta Magna de 1215, que establecía por escrito garantías legales y limitaba la arbitrariedad del monarca británico). Pero no debería tener un sesgo ideológico o político, como lo ha descubierto Chile, que ha rechazado primero un texto constitucional preparado por una Asamblea dominada por la izquierda y luego otro borrador que era demasiado conservador.

La Constitución de Montecristi falla en todos estos ámbitos: tiene un claro sesgo izquierdista (“socialista del siglo XXI”), fortalece excesivamente el Poder Ejecutivo, pone en jaque derechos esenciales de los ciudadanos, como el derecho a la propiedad, impone criterios nacionalistas, indigenistas y seudocientíficos (como la “salud ancestral y alternativa” y la oposición a los alimentos genéticamente modificados).

Un error profundo fue la creación del mal llamado Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), que quitó las atribuciones del Parlamento de aprobar las autoridades de control, endilgando dicho poder a un consejo electo supuestamente entre personas no partidistas, pero que en la práctica ha llevado a campañas deshonestas del movimiento correísta (la “liga azul”) y del PSC.

Adicionalmente, propende a la balcanización del Ecuador, al establecer la “plurinacionalidad” y reconocer un sistema paralelo de “justicia indígena”.

En el tema económico, el error fundamental fue limitar la posibilidad de inversión del sector privado (nacional o extranjero) en lo que denomina “sectores estratégicos”, y que incluyen a sectores vitales como la generación y distribución eléctrica, telecomunicaciones, el espectro radioeléctrico, hidrocarburos y minerales. Este ha sido un factor que ha llevado a los apagones. También impide el aprovechamiento privado de los créditos de carbono, limitando la inversión en la preservación de los bosques y la biodiversidad.

No se prohíbe la expropiación de la propiedad, y ni siquiera se establece que en el caso de que se expropie una propiedad, se la compense de manera justa (art. 376). La violación de cláusulas contractuales y de tratados internacionales llevó a innumerables demandas de empresas multinacionales contra el Estado ecuatoriano, lo cual ha generado perjuicios por miles de millones de dólares.

Todo esto ha llevado a la reducción de la inversión privada, con lo cual el crecimiento y el empleo adecuado se han mantenido bajos. La inversión extranjera directa en Ecuador no es ni la décima parte que en los países vecinos. El PIB per cápita, que era similar en Colombia, Ecuador y Perú en 2007, ahora es muy inferior en Ecuador ($ 6.873 en Colombia, $ 6.711 en Perú y $ 5.999 en Ecuador en 2024, medido en dólares constantes de 2015).

Se propugna que el IESS, que ya tiene un inmenso déficit actuarial, financie un seguro social universal y la jubilación universal.

Cediendo a chantajes y presiones clericales, no se permitió el matrimonio homosexual, aunque posteriormente la Corte Constitucional dictaminó que aquello violaba los derechos de las parejas del mismo sexo.

Lo medular de la Constitución de Correa era buscar el control total de todos los poderes y funciones del Estado, y todas las referencias al “sumak kawsay”, “buen vivir”, “derechos de la naturaleza” y “Pacha Mama” no eran más que elementos propagandísticos para encubrir dicho objetivo central.

La nueva Constitución debería tomar los mejores aspectos de las dos constituciones previas a la de Montecristi (1979 y 1998), pero actualizándolas (por ejemplo, estableciendo al dólar estadounidense como la moneda de curso legal). Se debe establecer claramente la separación de poderes entre el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, con mecanismos de control mutuo. (O)