Orgía de sangre

Los recientes hechos de sangre en las cárceles del país, que dejaron escenas macabras y terroríficas, no se pueden banalizar y señalar que son solo fruto de enfrentamiento de bandas criminales, hacerlo es eludir la responsabilidad de las actuales autoridades y del Estado.

El hacinamiento en la mayoría de los centros carcelarios es superior al 100%. En el 2014 la población carcelaria era de 23.351, ahora bordea los 40.000 internos en el país. El 93% de reos es masculino y el 7% femenino; lo más grave y preocupante es que el 78% fluctúa entre 18 y 32 años, edad económicamente productiva.

“La protección interna y el mantenimiento del orden público son funciones privativas del Estado y responsabilidad de la Policía Nacional”, reza la Constitución, pero a la institución policial no solo se le debe dar la misión, sino los medios necesarios para que cumpla a cabalidad su tarea; las Naciones Unidas señalan que un país debe tener al menos 4 policías por cada mil habitantes, Ecuador solo alcanza 2,7. La Policía, además de cumplir con un sinnúmero de tareas, tiene que destinar alrededor de 500 policías para custodiar a más o menos 150 personas con prisión domiciliaria.

El proyecto del Código Orgánico de Seguridad del Estado tiene entre sus leyes, el Sistema de Seguridad Ciudadana y Orden Público y el Sistema de Inteligencia, instrumentos necesarios para el eficaz cumplimiento de la misión policial; desgraciadamente, más de 2 años duerme el sueño de los justos en la Asamblea Nacional.

Los centros carcelarios carecen de todo, no hay inhibidores para bloquear el uso de celulares por parte de las PPL, los sistemas de vigilancia electrónicos (cámaras de seguridad, escáner, arcos de acceso, puertas, etcétera) normalmente requieren de mantenimiento; los guías penitenciarios no tienen una buena formación ni entrenamiento para enfrentar este tipo de situaciones, actualmente existe un déficit del 70% y no se esperan nuevas incorporaciones. No existe un sistema de rehabilitación y de reinserción social, las cárceles se han convertido en verdaderos centros de perfeccionamiento del crimen.

Los funcionarios que tienen la responsabilidad de la administración y del control de ingreso de visitas a la cárcel, en varias ocasiones han sido acusados de colaborar con los internos y han permitido la entrada de celulares, drogas, licores, armas blancas y de fuego, todo eso muy bien tarifado.

Los hechos de sangre se han convertido en recurrentes en nuestro país, en 2020 se registraron 24 enfrentamientos violentos en el interior de las cárceles, atribuidos a disputas de bandas; concretamente, en agosto del año pasado, en Guayaquil hubo un enfrentamiento y el resultado fue de 9 PPL fallecidas, 6 policías y 20 presos heridos; el Gobierno Nacional se vio obligado a decretar el estado de excepción carcelario; desgraciadamente, no pasó nada.

Este episodio truculento no puede ser soslayado y pasado por alto; el Estado está en la obligación de tomar todas las medidas necesarias no solo para que no se vuelva a repetir, sino para buscar soluciones a la crisis penitenciaria y la sociedad en su conjunto debe coadyuvar para que esto se haga realidad. (O)

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