Tres decisiones cruciales. En un país marcado por la herencia de la corrupción, el crimen organizado y el narcotráfico, el presidente de la República ha tomado tres decisiones que rompen con más de una década de intenciones. No son medidas cómodas ni populares, pero sí impostergables. Su valor radica en que, pese al costo político, responden a una necesidad nacional.
Eliminación del subsidio al diésel. Desde 1974, los subsidios a los combustibles han drenado miles de millones de dólares del erario. En cinco décadas ningún gobierno pudo desmontarlos por temor a la reacción social, alentada por sindicatos, movimientos indígenas, grupos políticos, sediciosos y terroristas infiltrados. Entre 2010 y 2025, el gasto acumulado supera los 51.500 millones de dólares: más que la deuda externa o el presupuesto anual del Estado.
En años recientes ya se había liberado la gasolina súper, luego la extra y ecopaís, restaba el diésel, con un peso de 1.200 millones de dólares anuales. La decisión presidencial de eliminarlo, aunque aún sin llegar a precios internacionales, constituye un paso histórico que fortalece las finanzas estatales y abre espacio para invertir en educación, seguridad y salud. Habrá resistencia: los grupos que viven y abusan del subsidio buscan mantener el statu quo. Pero en términos de sostenibilidad fiscal, es una medida ineludible.
La paradoja petrolera. Ecuador se precia de reconocer derechos constitucionales a la naturaleza, un avance jurídico singular en el mundo. Pero esa visión no puede convertirse en un dogma que inmovilice al Estado y perjudique a sus habitantes. Suspender la explotación petrolera significaría renunciar a uno de los pocos recursos capaces de sostener al país en medio de una crisis económica. Lo sensato no es dejar el crudo bajo tierra, sino garantizar una extracción responsable, con controles ambientales estrictos y tecnología moderna. El país necesita equilibrar desarrollo y sostenibilidad, sin caer en extremos que empobrezcan más a los ciudadanos.
Una asamblea constituyente, un nuevo pacto social. Proponer una nueva Constitución es indispensable, la actual nacida en Montecristi ha mostrado sus límites, trampas y candados: convirtió al país en rehén de un garantismo excesivo y de una Corte Constitucional que, con sesgos ideológicos, bloqueó reformas urgentes.
El presidente plantea “devolver el poder al pueblo”, y para ello será fundamental que la asamblea constituyente no se convierta en botín de intereses partidistas. El desafío está en conformarla con juristas de probada solvencia ética y técnica, capaces de diseñar un texto que supere los vicios del pasado y devuelva gobernabilidad al Estado.
El costo del liderazgo. Estas tres medidas —la eliminación del subsidio al diésel, la continuidad de la explotación petrolera con responsabilidad y la convocatoria a una constituyente— no son simples actos administrativos, representan un quiebre con la política del cálculo y del temor. Marcan el inicio de un debate profundo sobre el modelo de país que Ecuador necesita para dar un giro necesario y no naufragar entre el populismo, la improvisación y la violencia. (O)
