El artículo 3.8 de la Constitución establece como uno de los deberes primordiales del Estado el “garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, a la seguridad integral...”. No obstante, esta norma suprema y muchas otras que constan en la Carta Política son simples enunciados, papel mojado, que se inobserva de manera permanente, afectando con ello derechos fundamentales de las personas.
Ahora, la inseguridad, expresada en una descomposición del sistema carcelario, incremento de las muertes violentas, crimen organizado y la penetración del narcotráfico en diversas esferas, tienen en zozobra a un país en el que, lamentablemente, el miedo comienza a dominar a una sociedad en parte enferma. De hecho, al cerrar el año 2021, la tasa de homicidios ascendió a 13,1 por cada 100.000 habitantes, cifra que está muy por encima de la tasa promedio mundial que llega a 5,8.
Lo que preocupa, sin duda, es la tendencia abiertamente creciente de este guarismo en Ecuador, iniciando en 2019 con 6,9 y escalando a 7,8 en 2020. Y es más, en el primer mes de enero de 2022 ya se contabilizan a nivel nacional 211 homicidios (estadística que varía rápidamente), muy superior a los 77 registros que se reportaron en igual periodo en el año pasado. Se trata de números de horror que muestran a un Estado incapaz de hacer frente a este grave problema que amenaza con desbordarse.
Y el efecto que tiene esta imparable espiral de violencia no solamente se verifica en el campo de la seguridad, sino también en lo económico al desplomarse la imagen como centro receptor de turismo. De hecho, las embajadas y consulados emiten oportunamente alertas a sus ciudadanos sobre los riesgos, en el ámbito de la seguridad, que implicaría viajar al Ecuador. Seguramente esto se endurecerá aún más debido al asesinato, últimamente, en Guayaquil, de un turista holandés a manos del hampa.
El tema de la seguridad, siendo una materia tan sensible, debe ser abordada de manera técnica y estratégica. No hay espacio para la improvisación y menos para que los centros de decisión estén en manos de gente que no tenga el suficiente conocimiento para enfrentar a un monstruo que se alimenta de la indecisión e ignorancia.
Tampoco en nada ayuda a un escenario de pacificación propuestas absurdas y que se difunden en redes sociales como aquella de condecorar a los policías que eliminen a delincuentes. La tragedia que hay detrás tanto de las víctimas como de los victimarios no se simplifica imponiendo en las calles la pena de muerte o realizando una especie de limpieza social. Por ejemplo, la indignación de algunos políticos y hasta de comunicadores frente al mediático caso del policía que recibió recientemente una condena de tres años por abatir a dos sospechosos (delincuentes), contrasta con los argumentos presentados por la Fiscalía y Tribunal de Garantías Penales que hablan de extralimitación en la ejecución de un acto de servicio al no ajustarse a los criterios de necesidad y proporcionalidad en el uso progresivo de la fuerza. Así, en todos los casos no podemos perder de vista que los derechos humanos se afianzan con más derechos humanos. (O)
