A 20 días de la consulta popular, el pronóstico es que el Gobierno conseguirá la mayoría en las cuatro preguntas, incluida la de convocatoria a una asamblea constituyente, que es la más importante.
En el escenario de polarización que persiste luego del mes de paro de la Conaie, o más bien de las comunidades indígenas de Otavalo y Cotacachi, agitado por la minería ilegal, el narcotráfico, el contrabando de combustibles, y aliados internos y externos del socialismo del siglo XXI, el contrapeso de los factores ponderables beneficia al Ejecutivo y la tesis del sí. El presidente Daniel Noboa no está en la cima de su popularidad, pero la diferencia que mantiene entre su aprobación y rechazo le brinda un margen de seguridad como para predecir que saldrá triunfante.
Hay proyecciones que dan cuenta de 60 % por el sí y 40 % por el no en la pregunta crucial, pero el margen podría ampliarse en la medida que sectores de la población, que no participan del partidismo, comprendan cabalmente lo que está en juego. El país necesita de gobernabilidad y el único camino que queda es ir a un proceso constituyente con toda la dificultad e incertidumbre que significa.
En términos futbolísticos, la consulta popular supone apenas un primer tiempo; el segundo se daría en febrero cuando tenga que elegirse a los constituyentes. Esto quiere decir que el pulso con la oposición, dígase el indigenismo desestabilizador y sus compinches de la RC5, se mantendrá con posterioridad al 16 de noviembre. Pero de triunfar el sí, el régimen podría afrontar la siguiente fase suficientemente empoderado.
Resulta sugestivo advertir que tres de cada cuatro ecuatorianos rechazaron el paro indígena. De modo que cargar contra sus responsables va a ofrecer réditos electorales; el mero reciclaje del mensaje del nuevo Ecuador opuesto al viejo. Un indicador de buen juicio es que una mayoría de ciudadanos aprueba la decisión de eliminar el subsidio al diésel, conscientes de que era una medida inevitable.
Lo previsible es que en la futura constituyente se reproduzca el escenario de fragmentación de la Asamblea Nacional con dos partidos predominantes y otros dispersos de minoría; sin embargo, su Estatuto prevé la reducción a 80 integrantes que serán elegidos por el método D’Hondt que, como se sabe, favorece a las mayorías. De modo que la estrategia es procurar 54 asambleístas nacionales, provinciales y del exterior, junto con eventuales aliados. Los dos tercios de votos requeridos para introducir reformas en los regímenes de justicia, seguridad, sectores estratégicos, etc., pueden estar al alcance. Y así poner fin a ese garantismo absurdo que consagró la Constitución de Montecristi.
Es cierto que una carta política no resuelve milagrosamente los graves problemas de una sociedad, pero tampoco puede ser intocable a cuenta de la suma de candados que se impusieron para impedir su reforma. Si está ampliamente comprobado que respondió a un modelo de poder autoritario que favoreció la corrupción y la impunidad, ha llegado la hora de librarse de la escandalosa atadura.
La consulta, sin duda, es una apuesta de todo por el todo, pero hay momentos en que vale la pena tomar el riesgo. (O)