Todos intentamos actuar con (cierta) responsabilidad aunque no siempre lo logramos, pero un factor nos frena al caminar en la mala dirección: las consecuencias de nuestros actos casi siempre recaen sobre nosotros mismos (en lo bueno y malo). Es cierto, ejemplo en la economía diaria: si malgastamos el dinero o nos endeudamos en exceso, finalmente tenemos una peor calidad de vida o no podemos dejar aunque sea un pequeño patrimonio a los hijos.

Pero en las decisiones colectivas (la política es su representación), los incentivos apuntan hacia la irresponsabilidad. Uno, los políticos son pasajeros, pero toman decisiones que afectan a todos en el largo plazo, en consecuencia pueden satisfacer su ego (“la valentía de tomar ciertas decisiones”) y/o captar votos en una próxima elección (para sí mismos o su partido) porque las consecuencias quedan para otros (futuras generaciones de ciudadanos). Dos, grupos ciudadanos presionan para captar ventajas de los gobernantes porque se benefician de sus acciones, pero no cargan con el financiamiento que se diluye en toda la sociedad (y los que sí pagan, no ejercen una acción colectiva eficiente). Resultado: Estado enorme, malgasto, corrupción, aumento de deuda, patrimonio negativo para futuras generaciones (recomiendo libro de Bob Traa sobre este tema en la Editorial Universidad San Francisco).

Ejemplo claro. La Asamblea nacional, un mes antes de retirarse, ha decidido aumentar el sueldo de los maestros en casi 50% y aprobar otras acciones en el campo educativo, que según diversas estimaciones costaría entre $ 2 y $ 3 mil millones anuales (el equivalente a 40% del actual IVA), no han dejado ninguna fuente de financiamiento y el presidente Moreno la ha aprobado, bajo la justificación de que los mismos partidos políticos que lo apoyaron deberán encontrar los recursos en la próxima Asamblea. ¡Vaya filosofía! Peor: irresponsabilidad apoyada por todos los asambleístas (si algunos se opusieron, favor reciban mis disculpas).

Usted habrá pensado como persona sensible: “pero los maestros y la educación, se merecen tener mejores condiciones y está bien que se lo haya aprobado”. Siento lo mismo y estoy de acuerdo con usted, pero… Uno, no se puede apoyar ni siquiera buenas ideas, sin el correspondiente financiamiento (igual que hacemos todos en nuestra vida diaria). Dos, incluso el punto anterior es discutible: el Estado no puede simplemente aumentar los gastos (incluso importantes) solo porque tienen financiamiento (que en el caso del Gobierno es demasiado sencillo: se obliga a los ciudadanos a pagar y listos), hay otra mejor alternativa: priorizar el gasto, es decir eliminar otros gastos menos importantes y remplazarlos por los más prioritarios (en este caso aumentar el gasto en educación, pero eliminar otros de segunda importancia que los hay y muchos). Tres, incluso la opción anterior debe ser evaluada porque ciertamente es importante un mayor financiamiento de la educación, pero se lo tiene que hacer en un marco general de mejora de la calidad, por ejemplo ¿cómo se evaluará a los profesores mejor pagados (que se lo merecen)? y ¿qué consecuencias (buenas o malas) tendrán dichas evaluaciones?… ¡Es muy fácil ser irresponsables, pero es obviamente inaceptable! (O)