No he sido partidario de una nueva constituyente en razón de que durante el tiempo que funcione buena parte del país se queda parcialmente en suspenso; las inversiones flaquearán aún más; las grandes decisiones empresariales difícilmente se tomarán; la planificación privada a mediano plazo quedará seriamente afectada, etc. Pero una vez que la decisión de convocar a una asamblea constituyente se ha tomado y el camino ha sido despejado, creo que hay que apoyar la decisión: es una oportunidad contundente para realizar agudos cambios a la institucionalidad ecuatoriana, para eliminar algunas barbaridades, para solidificar derechos, para ponerles freno a las fantasías que nos llegan vía sentencias, para solidificar la independencia institucional, para profesionalizar la gestión no judicial de la Función Judicial, etc.

Hay que pensar mucho y bien para hacer estas variantes. Si no lo logramos, será un nuevo fracaso. ¿Pueden hacerse estos cambios con personas incompetentes? Claro que no. Es necesario elegir candidatos idóneos, preparados. Los partidos políticos tienen la responsabilidad histórica de darnos buenos candidatos, capaces y de bien, que conozcan la vida. No todos tienen que ser profesionales ni tener títulos de cuarto nivel. Ya que como sociedad nos hemos embarcado en el planteamiento de una asamblea constituyente, hay que darle a esta su oportunidad histórica.

El Gobierno debe analizar muy bien las propuestas que llevará. Quien presida la constituyente debe ser un abogado/a prestante, con experiencia, que conozca la vida, no un académico puro. Debe conducir con madurez la asamblea; en definitiva, trabajar responsablemente. Y por favor, los asesores de las comisiones deben ser profesionales competentes, capaces de decir no cuando hay que hacerlo.

A mí nunca me gusta achacar a nadie, pero debo señalar que la experiencia de la Ley de Integridad Pública es desastrosa: se violó el procedimiento de formación; la “unidad de la materia” falló estrepitosamente. Esa ley abordó de todo: desde revocatoria de visas hasta prevaricato de fiscales, fraude procesal, etc. Según la Corte Constitucional (párrafo 330 de la sentencia 52-25-IN/25), “en el segundo debate se incorporaron cambios sustantivos de último momento que no fueron oportunamente conocidos ni discutidos, lo que vulneró los principios de publicidad y deliberación democrática del proceso parlamentario… La incorporación acelerada y desordenada de materias heterogéneas impidió un debate informado y trans parente, y con ello se lesionaron los artículos 136 de la Constitución…”. Agrego yo: “¡Es como si a un consomé de pollo le agregan estofado, chorizo y huevo frito”. El sabor que resulte no es culpa de la olla, sino del cocinero.

Hay que voltear la página y trabajar bien. La Asamblea Nacional debe trabajar mejor. Las violaciones de procedimiento no deben repetirse en la asamblea constituyente. Creo que el país debe darle la oportunidad a la asamblea constituyente y al presidente de la República. Todos esperamos que los sacrificios valgan la pena. Que todo sea por la sociedad, por el bien común. (O)