Los recientes, siempre escandalosos, capítulos públicos que sobre administración ha experimentado este desgobierno constituyen la evidencia de inoperancia, irresponsabilidad, mediocridad, pereza e ineptitud morenista. Perdón, me faltó la indolencia.

El martes 23 de febrero, hace poco más de quince días, ocurrieron en las cárceles de Cuenca, Guayaquil y Latacunga masacres sin precedentes: 82 internos muertos; 34 de ellos en el Centro de Rehabilitación Social Turi CRS6 Turi, de los cuales 18 quedaron decapitados, uno de ellos entregado a sus familiares en 20 partes. ¡Mutilado en 20 pedazos! La violencia con la que actúan los internos explica aquel entorno social que reviste a un segmento empobrecido, desempleado, resentido y aislado de la sociedad, que pocas oportunidades ha recibido. La violencia es un indicador más de la desatención producto de un sistema excluyente. Para eso existen los sistemas de rehabilitación social.

Pero cuando esos sistemas de rehabilitación son reemplazados en complicidad con sus administradores, por uno de extorsión, de enriquecimiento fácil y perverso, es muy probable que capítulos como el del 23 de febrero ocurran y se repitan. Allí la responsabilidad es del Estado. ¿Cuál ha sido, entonces, la respuesta gubernamental para esta deuda social que gritó con palabras mayores lo que ocurre en esas “escuelas del delito”?

En el caso de Turi, su administrador acaba de renunciar y retirarse en puntillas bajo el argumento de “asuntos familiares”. Así, 82 muertes esperan la respuesta del Estado indolente para enderezar lo ocurrido en las cárceles, y la respuesta hasta ahora sigue siendo la renuncia y posterior salida “en puntillas”, no vaya a ser que la Fiscalía despierte para investigar a quienes han sido señalados por los mismos internos.

Renuncias en puntillas, escandalosas y sintomáticas. Como la del ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, que luego de crear una lista de ecuatorianos de primera clase, mimados del régimen como ciertos locutores del adulo, agnados y cognados beneficiarios de lo público aunque amen el modelo de lo privado, una lista que de hacerse pública causaría “conmoción social” –como ellos mismos lo admiten–. Indolencia ya anunciada desde antes, con flojera en el manejo de la pandemia; quemeimportismo en la compra de las vacunas; discrimen de la verdadera primera línea que a riesgo de “conmoción social” sigue postergada. Y con una política selectiva que sigue en campaña: la Unión de Periodistas del Azuay acaba de hacer público un manifiesto en el que rechaza la conformación de otra lista de beneficiarios de la vacuna anti-COVID-19 por sobre quienes realmente lo necesitan. Indolencia y desgobierno.

Desgobierno que ha provocado más de un millón de desempleos en el año 2020, según el INEC, y que en su flojera para explicar sus procesos y consecuencias se limitan a argumentar que la culpa es de… bueno, ustedes ya saben de quién. Y así la lista podría ir mucho más allá. El tema es ¿y la responsabilidad legal de quienes han sumido al país en los despojos que claramente muestran estos indicadores? ¿Nos conformaremos con una hilera de cómodas renuncias “por temas familiares”? (O)