El recuento

Yaku, con el apoyo de Pachakutik y la Conaie, denuncia un fraude electoral sin aportar pruebas concluyentes. Su impugnación a un puñado de actas, que no representan el 0,3 % del universo electoral, es insuficiente para sustentar su reclamo. Cuesta pensar que le hayan robado la elección teniendo por aliada a Diana Atamaint, la principal autoridad del CNE.

No es primera vez que el país encara un resultado tan ajustado. Se produjo en la primera vuelta de 1978, en la disputa por el segundo lugar entre Durán-Ballén y Huerta; en la de 1984 que enfrentó a Febres-Cordero y Borja; y de 2017, precisamente con Lasso como contendor de Moreno; y en la segunda de 1998 teniendo por protagonistas a Mahuad y Noboa.

El acuerdo de recuento de votos entre Yaku y Lasso, con la venia del CNE y los observadores internacionales, fue una válvula de escape. Pero renovadas condicionalidades del candidato indígena dieron la pauta para que su rival se distancie del compromiso, apelando al estricto cumplimiento de la Ley. Tal recuento solo cabe ante la impugnación de actas inconformes y resulta que el control ejercido por Pachakutik no ha sido prolijo. A Lasso le pasó lo mismo en la ronda definitoria de hace cuatro años; no tuvo cómo sustentar el eventual fraude del “apagón digital”.

La amenaza de la movilización indígena terminó por complicar la negociación, que dependía del cumplimiento de la palabra empeñada. Copar con una turba exaltada la sede del CNE en Quito o dependencias provinciales no iba a permitir un recuento ordenado y transparente; por el contrario, quedaría expuesto a desmanes que podrían derivar en la quema de actas y votos considerados espurios.

Caben pocas dudas de que el correísmo montó un aparato fraudulento para favorecer a Arauz en Manabí. En redes sociales han circulado actas insólitamente amañadas. Lo peor es que la delegación provincial suscribió un convenio de soporte logístico y tecnológico con la Universidad Técnica de Manabí, cuyo rector es suegro del postulante. ¿Responderá alguien por semejante despropósito?

El Gobierno, de tan discreta actuación en el evento electoral, hizo su movida trayendo al fiscal general de Colombia para documentar el “préstamo” de 80.000 dólares del ELN a dicha campaña. Por este financiamiento ilegal, que reedita una acusación parecida de 2007, pende una espada de Damocles que podría derivar en la destitución del candidato de Unión por la Esperanza. Aunque es difícil que un régimen vacilante y sin capital político tenga la audacia de jugar una carta desesperada.

Aun así, es una posibilidad que podría gatillarse por el temor del morenismo a una eventual persecución, en caso de triunfar Arauz. El problema de fondo, que involucra el concepto de seguridad nacional, es la intimidad del correísmo con los narcoestados de la región, Cuba y Venezuela, que prohíjan a las organizaciones terroristas colombianas.

Muchos de quienes alientan un recuento extensivo piensan que Yaku sería un mejor candidato que Lasso para vencer a Arauz; pero lo que cuenta son los votos y no los cálculos políticos. Y el escrutinio arroja, hasta ahora, un resultado inapelable. (O)

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