Con el cambio de siglo, la tecnología empezó a ser el medio eficaz para modernizar los servicios públicos. Así lo demuestran la institucionalización del SRI, la adjudicación y pago del Bono de Desarrollo Humano (BDH), la fiabilidad ganada por los servicios de registro de identidad en la Dirección de Registro Civil y la Policía Nacional, etc. Sin embargo, las bases de datos de estas operan aisladas, sin interacción a tiempo real entre ellas, atendiendo servicios específicos al ciudadano.

Es la hora de poner a estas instituciones a interoperar con la información del ciudadano mediante una estrategia integradora. Que tenga como visión digitalizar la relación entre el ecuatoriano y la sociedad. Que tenga como centro al ciudadano, empoderado por fin de sus derechos sobre su información personal, para el libre usufructo de la misma. Que esta dinámica Estado – ciudadano ofrezca múltiples servicios de valor a empresas e individuos para combatir el crimen, evitar fraudes, mejorar la productividad, focalizar subsidios y un largo etcétera. ¿Cómo hacerlo? Aquí algunos criterios para iniciar en la dirección correcta.

Que empiecen interoperando el SRI, el Registro Civil, la Policía Nacional, las empresas municipales de tránsito y movilidad.

Primero, definir al líder y la estrategia. Varias veces hemos estado cerca de llevar la relación Estado–Ciudadano a nivel de gobierno electrónico. Ha faltado la visión integradora en la autoridad política, capaz de vencer los abismos que surgen entre entidades públicas a la hora de interoperar, simplificar trámites redundantes entre ellas, unificar capacidades, etc.

Segundo, advertir condicionantes que deben regir los servicios electrónicos fruto de la interoperación. El diseño debe evitar la captura del modelo y con ello de la información y beneficios por parte de alguno de los operadores. Para esto, más allá de las seguridades para la fiabilidad de los datos, los servicios y la rendición de cuentas, debe informarse a los ciudadanos acerca de sus derechos sobre su información de identidad y aquella originada en su relación con la institucionalidad pública. Que protagonice este proceso con su accionar y sepa exigir a las entidades participantes respecto al uso de su información.

Tercero, implementar una estrategia que vaya construyendo un ambiente virtual de creciente complejidad. Que empiecen interoperando el SRI, el Registro Civil, la Policía Nacional, las empresas municipales de tránsito y movilidad. Que estas nos sorprendan con servicios de última generación tecnológica que mejoren drásticamente el combate al crimen organizado. Que se focalicen los subsidios (salud, educación, combustibles, etc.) incorporando a esta interoperación a estos ministerios (incluyendo la data del BDH), Municipios (datos de impuestos prediales), y demás entidades que segmenten por nivel de vida. Como ven, el cielo es el límite.

Al principio y al final: el ciudadano. Con su número de cédula como vehículo para entrar en este metaverso de servicios. El vínculo: una dirección de correo con base en su número de cédula (1234567890@ecuador.com) y la emisión de certificados de identidad por consulta web para que todos contemos con “firma” digital. Señores, háganlo de una vez. (O)