Otra vez el escabroso tema de la eliminación del subsidio al diésel. Durante cincuenta años el Estado ecuatoriano ha utilizado el dinero de los ecuatorianos para subsidiar el precio de los combustibles. Se trata de una política que empezó con la premisa de que la gasolina debía ser barata en un país petrolero; que luego se convirtió en un derecho adquirido en la mente de la población; y que, al final, terminó siendo un gran negocio para los contrabandistas, para las mafias de la droga y para los mineros ilegales.
Desde hace algunos años la situación de los subsidios se ha vuelto insostenible.
La decisión de eliminar el subsidio al diésel es necesaria y urgente.
El Estado ecuatoriano no puede seguir destinando más de mil millones de dólares al año para un subsidio que no beneficia a la gente más pobre y que, en cambio, impulsa a las economías criminales.
La matemática es clara. Un dólar destinado a abaratar la gasolina es un dólar que no se invierte en educación, salud o infraestructura. Un dólar destinado a abaratar la gasolina es un dólar que tiene que ser extraído del sector productivo con más impuestos que impiden el crecimiento de los negocios y la creación de empleo. Un dólar destinado a abaratar la gasolina es un dólar que vuelve más atractivo el negocio de contrabandear a los países vecinos, o producir y distribuir cocaína, o explotar indiscriminadamente los recursos mineros al margen de la ley.
Todos sabemos que la decisión es impopular y que va a traer consecuencias. Basta recordar lo que ocurrió en 2019 y 2022. Ciertamente las condiciones son distintas ahora.
A diferencia de lo que ocurrió en esos años, ahora la decisión la adopta un gobierno que tiene altos niveles de aceptación, en medio de una coyuntura económica de recuperación y liquidez, y acompañada de una serie de compensaciones para la población que eventualmente puede verse afectada por la eliminación del subsidio al diésel. Sin embargo, es fácil predecir que los sectores indígenas van a buscar paralizar el país y sabotear las actividades económicas para forzar al Gobierno a retroceder en la medida. Lamentablemente sus dirigentes, en vez de aprovechar la oportunidad para proponer alternativas para el uso del dinero que se va a ahorrar el Estado, van a buscar la extorsión y el protagonismo. Los contrabandistas, los narcotraficantes y los mineros ilegales van a buscar el caos. El correísmo va a ver una oportunidad para desestabilizar al Gobierno.
¿Se va a repetir el escenario del 2019 y del 2022? ¿Habremos entendido que el subsidio al diésel es nefasto para las arcas fiscales, que no beneficia a los más pobres y que promueve la criminalidad? ¿Habremos aprendido que fue un error darles la amnistía a quienes destruyeron la capital en las anteriores protestas porque se les envió el mensaje de impunidad? ¿Será el Gobierno lo suficientemente hábil políticamente para evitar la desinformación y la violencia? ¿Podrá esta sociedad ecuatoriana imponerse a la barbarie? El paso del tiempo nos va a dar las respuestas a estos escabrosos temas. (O)
