Hegel, el famoso filósofo alemán, advirtió que los eventos y personajes tienden a aparecer dos veces en el escenario de la historia. Esta advertencia resuena hoy con fuerza en Ecuador. Lo que parecía un episodio superado ha regresado bajo nuevas formas, con un guion que evoca inevitablemente los años del correísmo. Daniel Noboa, el presidente que llegó al poder prometiendo sepultar el pasado, hoy ha desenterrado las tácticas de la década perdida.
La chispa que encendió el polvorín fue la decisión de la Corte Constitucional de suspender provisionalmente 17 artículos de leyes impulsadas por el Ejecutivo, cuestionadas por su potencial impacto sobre derechos constitucionales. Ante esto, el presidente no eligió el camino de la argumentación jurídica ni el debate público: eligió la calle. Vallas con los rostros y nombres de los jueces expusieron a los magistrados como enemigos de la patria, una estrategia que inevitablemente recuerda las odiosas sabatinas y las marchas sanducheras que pensamos que habían quedado atrás.
A todo esto se suma algo más grave: la amenaza de incluir una pregunta en una consulta popular para habilitar el juicio político contra los jueces constitucionales. El libreto no es nuevo. En 2011, Rafael Correa ya había utilizado el recurso del referéndum y la consulta popular para intervenir en la justicia. Mediante un Consejo de la Judicatura de transición, el Ejecutivo amplió su control sobre nombramientos y remociones, debilitando la independencia de los jueces. Organismos internacionales fueron contundentes: Human Rights Watch advirtió que la reforma “hacía precisamente lo contrario” de fortalecer a la justicia, pues la subordinaba al poder político.
Hoy en día, los organismos internacionales se han pronunciado con igual firmeza. La CIDH expresó “profunda preocupación” por los actos y discursos que amenazan la labor independiente de la Corte. La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos advirtió que la independencia judicial es “piedra angular del Estado de derecho” y que cualquier forma de hostigamiento contra jueces es intolerable. No son simples comunicados diplomáticos: son recordatorios de que Ecuador corre el riesgo de retroceder en los estándares mínimos de separación de poderes.
La tragedia del correísmo fue consolidar un modelo de captura institucional que minó la autonomía judicial. La farsa del momento actual es repetir esa estrategia en nombre de la seguridad. Noboa ha ganado dos elecciones presentándose a sí mismo como la “opción democrática”, la alternativa a regresar al pasado. Pero, al recurrir a la estigmatización de jueces y a la manipulación plebiscitaria del marco institucional, reproduce la misma lógica autoritaria que prometió sepultar. El verdadero liderazgo democrático no se mide en marchas ni en consultas populistas, sino en la capacidad de respetar los contrapesos, enmendar lo inconstitucional y aceptar que el poder tiene límites.
Ecuador ya vivió una vez la tragedia de ver a su justicia subordinada al Ejecutivo. Convertirla ahora en farsa no la hace menos dañina: la hace aún más corrosiva, porque se disfraza de cambio mientras repite los vicios del pasado. (O)