Los conflictos armados internos han cambiado enormemente desde la toma del poder en Cuba a través de una lucha armada liderada por Fidel Castro; igual en Nicaragua. Las guerras de guerrillas urbanas, como las de los Montoneros en Argentina, Tupamaros en Uruguay o Sendero Luminoso en Perú, eran luchas ideológicas y su objetivo era tomarse el poder por las armas. Colombia ha tenido una prolongada violencia, inicialmente con movimientos guerrilleros ideológicos, alentados por el triunfo de la Revolución cubana, como las FARC, el ELN, M-19, entre otros, posteriormente devenidos en bandas criminales que controlan el negocio del narcotráfico, la minería ilegal y un largo etcétera.
De las organizaciones nombradas, todas han tenido estructuras organizadas con fines políticos y han mantenido luchas prolongadas.
En enero de 2024 se decretó que en nuestro país libramos un conflicto armado no internacional (CANI). Según los Convenios de Ginebra de 1949, los CANI “son enfrentamientos armados prolongados que ocurren entre fuerzas armadas gubernamentales y las fuerzas de uno o más grupos armados, o entre estos grupos, que surgen en el territorio de un Estado. El enfrentamiento armado debe alcanzar un nivel mínimo de intensidad y las partes que participan en el conflicto deben poseer una organización mínima”.
La actual constitución señala que el presidente puede decretar estado de excepción cuando exista “conflicto armado internacional o interno”, en la de 1998 solo señalaba “conflicto armado internacional”. Como la Constitución de Montecristi iba a durar 300 años, según su mentor, mediante este artificio simplemente la Revolución Ciudadana quería curarse en sano.
El tema de si estamos o no en conflicto armado interno no ha terminado de discutirse. Creo que no podemos ceñirnos estrictamente a lo que señala el derecho internacional humanitario de los Convenios de Ginebra, de los que Ecuador es signatario; datan de 1949 y las cosas han cambiado enormemente.
En nuestro país, los temas de “prolongación y la intensidad” han venido in crescendo. En el Libro blanco de 2006 ya se señaló que el narcotráfico, tráfico de armas y violencia eran una real amenaza, como la premonición del Dr. Francisco Huerta, en 2009, de que nuestro país estaba en peligro de convertirse en un “narco-Estado”. En el “enfrentamiento armado”, los 22 grupos terroristas señalados por el Gobierno utilizan armas modernas de guerra, explosivos, la extorsión, el secuestro; los crueles asesinatos son pan de cada día, con víctimas colaterales inocentes; igualmente, el control de áreas urbanas es una realidad, mediante complejas estructuras en las que utilizan a niños, con complicidad de habitantes del sector que son sometidos bajo amenaza o simplemente son parte de esas organizaciones.
La ley económica urgente para desarticular la economía criminal debe ser analizada prolijamente con el aporte ciudadano, académico y sobre todo de los asambleístas, una de sus más importantes responsabilidades.
Desgraciadamente, cuando una sociedad es presa de la violencia criminal, que la tiene secuestrada, en su desesperación es capaz de trocar su libertad a cambio de seguridad. (O)
