En un país medianamente normal, cuando el presidente de la República da a conocer sus planes, automáticamente el debate político pasa a girar en torno a esos temas. Partidarios y opositores se hacen cargo de cada una de las palabras para encontrar las fortalezas y las debilidades, para apoyar o para oponerse, para acomodar estrategias y definir nuevas tácticas frente a lo que se viene. Pero ya que acá nos gusta diferenciarnos de esos países aburridos donde la política se hace sobre realidades concretas –como son las palabras de un mandatario, porque implican compromisos– preferimos movernos a gusto con los dogmas de siempre.
Es lo que sucedió la semana pasada cuando el presidente Lasso, que apenas lleva algo más de dos meses en el cargo, anunció por primera vez lo que hará en los próximos meses. La entrevista conducida por José Hernández fue la primera oportunidad para conocer directamente los pasos por los que quiere encaminar al país. Dio pistas claras sobre varios temas (económicos, sociales, políticos, fiscales, educativos, laborales), que debían ser el material sobre el que las fuerzas políticas y sociales pudieran hacer conocer sus propias posiciones. Sin embargo, la mayoría de ellas –especialmente las de oposición– prefirieron guiarse por el prototipo que construyeron de Lasso-banquero o, en el mejor de los casos, ir hacia el pasado y reaccionar como si estuvieran frente a Lasso-candidato neoliberal. Solamente algunos medios de comunicación y analistas de diversas materias tomaron los anuncios presidenciales como los lineamientos de política por parte de quien está obligado a formularlos y cuyo contenido debe ser debatido.
Los que tienen como responsabilidad la elaboración e impulso de propuestas alternativas prefirieron acudir a los eslóganes de siempre y quedarse en el tema aislado del precio de los combustibles. Presionados por los reporteros hablaron de diálogo, pero únicamente acotado a ese tema que desde octubre lo transformaron en bandera de lucha. Aislado de las condiciones generales de la economía y de las múltiples crisis que afectan al país, este sirve apenas para la movilización callejera, pero es insuficiente para la confrontación de posiciones y deja en pura palabrería la tan reclamada definición del modelo económico. Si ese va a ser el tono del diálogo, no se puede esperar que de ahí salgan soluciones de fondo.
Por su parte, la Asamblea, el espacio estrictamente político en el que se deberían examinar las acciones y anuncios del Gobierno, no se enteró del asunto. La mayoría de sus integrantes estaba enredada en sus propios rabos de paja. El debate sobre el juicio al excontralor Celi pasó a segundo plano cuando quisieron convertir en acusado al acusador. Aferrándose a un error que podía resolverse en medio minuto con la lectura del artículo correspondiente de la ley que los rige, dejaron ver que les importa más tender una cortina sobre andanzas propias y cercanas que sacar de una vez por todas a la luz la podredumbre de la Contraloría en los últimos catorce años. Así, era imposible que pusieran atención a la propuesta gubernamental que, en caso de aplicarse y más allá de gustos y disgustos, significaría un cambio radical en la orientación del país.
Son pesadas las anclas que inmovilizan en el tiempo a las calles y las curules. (O)
