Amenaza violenta armada multidimensional es una grave situación que afecta la seguridad, estabilidad y gobernabilidad de un Estado e impacta duramente la vida del pueblo; integra bajo el membrete de protesta social pacífica al narcotráfico, terrorismo, subversión, revolución, crimen organizado…; la verdad, es violencia.

Algunos hechos violentos de trascendencia en la región:

Venezuela, la Brisa bolivariana que recorre la región se convertirá en huracán; Diosdado Cabello hace notar el despliegue de sus fuerzas revolucionarias por la región. ¿Será posible permitir que estos elementos violentos operen libremente en nuestro país?

Ecuador sufrió días de terror en octubre de 2019, una protesta social indígena contra un decreto que elevaba los precios de los combustibles fue usada como caballo de batalla por delincuentes, supuestos políticos, para intentar desestabilizar al gobierno y tomar el poder, mediante actos violentos contra bienes y servicios públicos o privados. Incendiaron la Contraloría General del Estado destruyendo evidencias sobre casos del festín de los recursos del Estado. ¿Brisa bolivariana y delincuentes políticos juntos? Las Fuerzas Armadas fueron agredidas, luego, el Ministerio de Defensa emitió un acuerdo sobre el uso progresivo de la fuerza, declarado inconstitucional, así, persisten los vacíos legales para su empleo cuando las fuerzas violentas superen la capacidad de la Policía Nacional.

Chile, en octubre 2019, una protesta social contra la subida de los pasajes del metro fue el detonante para que grupos violentos destruyan todo a su paso, inclusive iglesias; derivó en la derogatoria de la constitución, Pinochet, de 1980.

Colombia, desde abril 2021, vive una protesta social contra un decreto de reforma tributaria, que está dejando un reguero de sangre y destrucción en las principales ciudades; debemos estar en alerta.

Estos hechos demuestran que las amenazas se presentan con el formato de protestas pacíficas, se desarrollan con violencia y los actores están relacionados, constituyendo una fuerza brutal que incendia países. Los gobiernos a través de sus fuerzas de seguridad, apegados a la ley, deben coordinar acciones para neutralizar, controlar o eliminar las amenazas o protestas sociales violentas que se realicen con o sin conocimiento de los organizadores.

Nuestro gobierno hace bien en recibir apoyo de EE. UU. para combatir el narcotráfico, la información de los aviones de vigilancia (Orión P3) permite la interceptación de naves y captura de personas con drogas en nuestro mar continental e insular (Galápagos). La justicia se encarga de los procesos, no siempre es ágil y justa, lo que facilita que algunos delincuentes, embarcaciones o aviones se reciclen.

El nuevo gobierno debe identificar a los sujetos integrantes de las amenazas violentas armadas multidimensionales que pretendan ocultarse en las supuestas protestas sociales pacíficas; impulsar la ley para el uso progresivo de la fuerza; fortalecer los grupos de inteligencia de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional y; eliminar la antes Senain o Centro de Inteligencia Estratégico, creado para perseguir a quienes no son amenaza. (O)