La Constitución Política del Perú, vigente hasta la actualidad y aprobada mediante referéndum nacional, el 31 de octubre de 1993, si bien debe perfeccionarse en el ámbito político; no obstante, en lo económico ha demostrado solvencia y efectividad a pesar de la inestabilidad política que se vive en el vecino país.
En efecto, solo desde el año 2018 hasta la presente fecha, la inestabilidad política provocó que se designen tanto en las urnas como en el Parlamento peruano a seis presidentes de la República; sin embargo, a pesar de esa tormentosa y polémica actividad política, nuestro vecino país gracias a esa misma Constitución, ha seguido creciendo en todos los sectores de la economía en forma sostenida en los últimos cinco años.
Dentro de la Constitución vigente en Perú, servicios públicos como el agua, la electricidad y las telecomunicaciones son considerados como servicios públicos esenciales, sin embargo, se permite la inversión privada, a pesar de que el Estado se reserva el derecho a regularlas para garantizar el acceso universal y la calidad de los servicios a la población; asimismo, en sectores como la minería y la pesca, se permite también la inversión privada, sujetas a regulaciones por parte del Estado.
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En cambio, en Ecuador, la Constitución vigente desde el año 2008 reserva para el Estado, el control y la gestión de los sectores estratégicos, lo que restringe o prohíbe la inversión privada directa en áreas como los hidrocarburos y la minería, la generación de electricidad, las telecomunicaciones, el agua, el transporte y la refinación de hidrocarburos, las infraestructuras portuarias y aeroportuarias; sin embargo, a pesar de la reserva estatal, existen mecanismos como las concesiones a la inversión privada o el establecimientos de acuerdos mediante las asociaciones público-privadas, que permiten una participación limitada de la inversión privada.
El cansancio de los países que aún esperan cambiar
Solo para comparar algunas cifras, el PIB per cápita en el año 2024 en Perú, fue de alrededor de $ 8.452,37, con una Población Económicamente Activa (PEA) de más de 17 millones; mientras que el PIB per cápita en el año 2024 en Ecuador, fue de alrededor de $ 6.874,71, con una PEA de 8,7 millones. La inversión extranjera directa de Perú en 2024, fue de $ 6.799 millones; mientras que ese mismo año en Ecuador fue de $ 232 millones.
Como dice el dicho, para muestra basta un botón, por qué será que sectores recalcitrantes de la rancia burocracia dorada del Estado ecuatoriano y dirigentes sindicales se opone a la consulta popular para establecer una nueva constitución que impulse el desarrollo, la respuesta se las dejó para su perceptiva inteligencia. (O)
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Víctor Gavilánez Castro, economista, Quito
